Los nacionalistas vascos del PNV han vuelto a aprovechar durante esta legislatura la posición clave que sus cinco diputados en el Congreso les daba para decantar la balanza hacia el lado del Gobierno o de la oposición. Los jeltzales han aprovechado la debilidad parlamentaria de ambos Ejecutivos para arrancar durante los últimos tres años grandes inversiones en materia de infraestructuras y el compromiso para iniciar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica.
Durante esta legislatura, el PNV ha logrado un nuevo cálculo del Cupo, que el Congreso aprobó en noviembre de 2017 con el voto en contra de Ciudadanos y Compromís. Tras una larga negociación, el Ejecutivo de Rajoy acordó compensar al País Vasco durante los próximos cinco años con 1.400 millones de euros de los 1.600 que reclamaban los nacionalistas por su desacuerdo con el cálculo del cupo desde el año 2007.
En los Presupuestos Generales de 2018, el Gobierno del PP destinó un 32% de inversión más que en el anterior ejercicio, vista la negativa de la formación de Íñigo Urkullu a apoyar las cuentas públicas mientras siguiese en vigor el artículo 155 de la Constitución. Un artículo que no se desactivó hasta la toma de posesión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en mayo de 2018.
Rajoy prefirió el dinero en lugar de las transferencias. Pero para llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez se comprometió a iniciar el traspaso de las 37 que están pendientes desde la aprobación del Estatuto de Guernica en 1979. Tras varios meses de negociación (con llamada de Urkullu a Sánchez de por medio) y para conseguir el respaldo de los jeltzales para los últimos seis decretos aprobados en la Diputación Permanente este miércoles, los socialistas se comprometieron a iniciar el traspaso de las cuatro primeras.
La semana que viene se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias, a las puertas de la campaña electoral, para materializar la cesión de la titularidad de la autopista A-68 que une Bilbao y Zaragoza; la competencia sobre las jubilaciones derivadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE); la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos; y la gestión del seguro escolar en Euskadi.
El impulso de las transferencias y el cálculo del Cupo genera tensiones en otras Comunidades como Galicia, Castilla y León o Asturias. El reparto de la cuota de pesca de caballa ha desatado una polémica entre las flotas del Cantábrico. El Ejecutivo socialista ha repetido la estrategia del PP de asignar más cantidad a las flotas de País Vasco y Cantabria que a las de Asturias y Galicia.
Además, también ha negado el traspaso de la AP-9 que lleva años reclamando el Parlamento de Galicia. El Ejecutivo socialista lo ha negado alegando que "considera oportuno mantener la AP-9 en la red de carreteras del Estado bajo competencia de la Administración del Estado". La gallega discurre por una sola Comunidad, mientras que la AP-68 atraviesa tres autonomías.
Para más adelante y, dependiendo del resultado de las elecciones generales del 28-A, quedan otras mucho más polémicas como la gestión de las prisiones vascas o el régimen económico de la Seguridad Social. El nuevo reparto de escaños en el Congreso se adivina endiablado por la fragmentación del voto y, dependiendo de los bloques que se puedan conformar, los votos de los nacionalistas vascos o incluso de los independentistas de EH Bildu podría ser determinante.
