“Conspiración contra el Gobierno”. La gestación del discurso político ante posibles problemas judiciales del Ejecutivo fue anterior incluso a su nacimiento. A finales de diciembre de 2019, el periodista Nacho Escolar utilizó el término lawfare para hablar de la “conspiración judicial contra Lula en Brasil” y que, en su opinión, se repetiría en España: “La oposición no va a utilizar únicamente el Parlamento. Su principal arma va a estar en los juzgados”, escribió. El martes, dirigentes de Podemos han compartido esa opinión en las redes para acusar de lo que consideran un caso de interferencia judicial por la investigación sobre el 8-M.
Lawfare, algo así como “guerra jurídica”, es un término que plantea un pulso entre los organismos del Estado y ha sido recuperado por los dirigentes de Podemos ante las investigaciones sobre sus dirigentes y las que podrán abrirse en la gestión de la crisis del coronavirus.
"Neogolpismo"
Enrique Santiago, líder del PCE y hombre fuerte en Podemos, empleó el término lawfare hace años, y el martes Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario, utilizó la expresión en plena tormenta por la investigación sobre el 8-M.
“Lawfare contra el nuevo Gobierno”. A tenor de los acontecimientos, es bueno momento para releer este artículo.
“#Lawfare” significaría la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como armas para intentar derrocar un gobierno legítimo” https://t.co/QB9Q03n4sU
— Antón Gómez Reino Varela ? (@AntonGomezReino) May 26, 2020
En ese contexto, otros dirigentes, como el exsecretario de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha hablado incluso de “neogolpismo”. “Intentarán juzgar y encarcelar a Pablo Iglesias, porque ya están pensando en el relato sobre el gobierno”, escribió. El dirigente gallego Antón Gómez-Reino se ha sumado: “Lawfare” significaría la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma para intentar derrocar un gobierno legítimo”.
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Fuentes de Podemos admiten que la formación ha activado una campaña para intentar desacreditar a los jueces. Se trata de una estrategia que el propio Iglesias ya aplicó después de la condena a Isa Serra, cuando planteó sus dudas sobre la neutralidad del Poder Judicial. Y que ahora recrudece por la investigación sobre el caso Villarejo, en el que el juez que lo instruye podría investigarle tras quitarle la condición de “perjudicado”.
El giro en ese juicio se dio hace una semana, con la segunda declaración de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, que admitió haber enviado las capturas de pantalla polémicas y señaló al secretario general de Podemos por haberle devuelto destruida la tarjeta de su móvil robada. Y esa situación se ha cruzado también a la investigación sobre Isa Serra, la dirigente madrileña condenada a 19 meses de cárcel por su intervención en un desahucio considerada violenta.
En cuanto a los juicios por la covid-19, el Gobierno sabía que era una cuestión de tiempo. El pasado 23 de marzo este diario desveló los temores en el Ejecutivo por una avalancha de querellas por la gestión del Ejecutivo antes y durante la crisis. Quedan unas cuantas denuncias por analizar, pero entre el domingo y el lunes estalló lo que puede convertirse en un incendio de enormes proporciones para el Ejecutivo.
"Estrategia de la tensión"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al jefe de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por negarse éste a transmitir el contenido de un informe del cuerpo policial que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel pidió que se mantuviese reservado. Después de ese cese, el tercer cargo de la Guardia Civil dimitió.
Jaume Asens, portavoz de los Comunes en el Congreso, ha elevado su ataque incluso al coronel de la Guardia Civil. "Es él [Pérez de los Cobo] quien debería estar a la espera de sentencia, y no Trapero", afirmó el pasado lunes. "Destituir a Pérez de los Cobos era una exigencia de higiene democrática desde el 1 de octubre de 2017", ha agregado el catalán.
Para algunos, la estrategia que utilizan los de Iglesias consiste en seguir la de Iván Redondo, que plantea generar cuanto más ruido posible con el objetivo de silenciar lo que de verdad importa. Después de la crisis del pacto con Bildu, según estas fuentes, el cuartel general de la Moncloa dio la orden de acelerar en la destitución de Pérez de los Cobo para “aprovechar el momento”.
En ese mismo instante se ha activado Podemos. Desde el partido morado, de hecho, además de la investigación sobre el 8-M, dirigieron sus ataques al informe redactado por la Guardia Civil. “El próximo pasaje será acusar a Pérez de los Cobos de su pasado en organizaciones de derechas”, afirman las fuentes consultadas, para, acto seguido, desviar la atención de un asunto que dará a los jueces la verdadera clave del futuro del Ejecutivo. Esa “estrategia de la tensión” parece ya lanzada, aunque no todos lo ven claro: “Irán a saco contra todos, pero quedarán muy solos”.
