Esta semana se ha sabido que el PP colocará a Javier Maroto como senador por designación autonómica por Castilla y León. La consecuencia de ello es que su último portavoz en el Senado y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, deja ese puesto y pierde su condición de aforado ante la Justicia en plena investigación del caso Kitchen en la Audiencia Nacional.
Ignacio Cosidó era el máximo responsable policial cuando se puso en marcha la operación Kitchen, ahora bajo el foco de la Audiencia Nacional como una pieza separada del caso Villarejo. Se investiga la participación del polémico comisario y otros agentes del Cuerpo en un plan para robar información comprometedora para el PP al extesorero del partido Luis Bárcenas. Entre otras acciones, captaron al chófer de Bárcenas al que pagaban con fondos reservados. Todo ello sin control judicial alguno.
Una de las incógnitas aún por determinar es si aquellas actividades se quedaron en el ámbito policial o si trascendieron o incluso partieron de los cargos políticos y del Ministerio del Interior. La novedad ahora es que el juez instructor, Manuel García Castellón, tiene ahora a toda la cúpula política de entonces -el ministro, su número dos -Francisco Martínez- y el citado Cosidó- sin el aforamiento que tuvieron en el inicio de las pesquisas.
Su relación con Casado
Cosidó fue una de las primeras figuras del PP que se unieron a la candidatura de Pablo Casado para dirigir el partido, por lo que tuvo un papel muy relevante en las primarias internas del partido. Tras ello, siguió como portavoz del PP en la Cámara Alta pero el escándalo del mensaje de móvil que envió a los senadores de su partido sobre el acuerdo con el PSOE para colocar al juez Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) provocó la renuncia del magistrado a ese puesto y que él quedase muy marcado.
Desde entonces, Casado le fue despojando de sus prerrogativas. Tras las elecciones generales, el PP le comunicó que no sería su portavoz cuando empezase la actividad parlamentaria en el Senado, algo que aún no ha ocurrido. Y cuando ahora tocaba renovar los senadores por designación autonómica por Castilla y León, el líder popular ha dejado caer a Cosidó.
El exdirector de la Policía se ha desvinculado de la operación Kitchen en los últimos meses e, incluso, ha llegado a señalar que la gestión de los fondos reservados en el Ministerio del Interior la realizaba "directamente" la Secretaría de Estado de Seguridad en manos de Martínez.
Fondos reservados
El Mundo publicó que policías de la Kitchen se quedaron 600.000 euros de fondos reservados y señaló que el juez había acreditado sobresueldos en metálico en cuentas de varios comisarios del operativo contra Bárcenas liderado por el excomisario José Manuel Villarejo. Vozpópuli, por su parte, aseguró que este dinero fue a parar a cuentas del excomisario principal de la Comisaría General de Información Enrique García Castaño, también investigado por formar parte de la organización criminal.
Tras estas informaciones, Cosidó explicó en los pasillos del Senado que como director de la Policía tenía múltiples competencias, dado que dirigía 70.000 efectivos, disponía de un elevado presupuesto y se encargaba de organizar planes y estrategia para afrontar la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal o la trata de personas. De hecho, subrayó que todo eso se desarrolló "con gran eficacia" y "notable éxito" bajo su mandato (2012-2016).
Sin embargo, recalcó que no estaba entre sus competencias "ni el control ni la gestión de los fondos reservados" y apuntó que tal atribución pasaba "directamente" por la Secretaría de Estado de Seguridad. Y tras recordar que, por definición el uso de los fondos es una cuestión "reservada y secreta", el entonces portavoz del PP en el Senado dejó claro que "no tenía ninguna responsabilidad de ninguna clase" en Kitchen.
Guerra fría en Interior
Los funcionarios policiales investigados formalmente responsabilizaron al número dos de Cosido, Eugenio Pino, en sus declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Alegan que cumplían órdenes y que era un trabajo de inteligencia en apoyo de las unidades investigadores y que todos sus avances se incluían en los ficheros policiales.
De forma indirecta el caso Villarejo ha hecho aflorar las guerras intestinas que se libraron en aquel Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz. A medida que avanzó la legislatura, Cosidó y el ministro se distanciaron hasta el punto de que Fernández Díaz encontró a Eugenio Pino como su hombre de confianza en la Policía. Recientemente el comisario Villarejo remitió desde prisión una carta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que confirmaba esas luchas internas.
Añadió que el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, también puenteaba al ministro y trataba con el entorno de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría o el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El aludido niega estas informaciones que emanan del polémico mando, en prisión preventiva desde 2017.
Consultadas por este periódico, fuentes policiales conocedoras de cómo funcionaba Interior aquellos años no se ponen de acuerdo a la hora de definir el papel de Cosidó ante los trabajos de Villarejo y el resto de policías bajo el mando de Pino. Se debaten entre si el director de la Policía no se enteraba o no se quería enterar. O las dos cosas. El despacho de Eugenio Pino y el de Ignacio Cosidó estaban ambos en la primera planta de la sede de la Dirección General en la calle Miguel Ángel separados apenas por unos metros. Todas las fuentes consultadas aseguran que eran habituales las visitas de Villarejo y el resto de su clan policial al despacho de Pino.
