PP y Ciudadanos se comprometieron a impulsar una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de Génova en los tres primeros meses de legislatura, pero esta medida difícilmente verá la luz antes de otoño. Si es que llega a verla en algún momento. El Congreso aprobó ayer la constitución de una comisión sobre la quiebra de las cajas, movimiento que tiene entre sus implicaciones la de posponer otras iniciativas de este estilo. Como la incluida en el pacto de investidura Rajoy-Rivera.
La Cámara baja nunca ha desarrollado varias investigaciones parlamentarias al mismo tiempo. Desde abril -cuando echará a andar la de las cajas- y hasta finales de mayo -cuando se prevé que concluya la de Interior, aprobada en septiembre y de inminente lanzamiento- lo hará por primera vez. El PSOE, en un principio reacio a que tal cosa se produzca, ha gestionado esta solución de consenso entre el “fervorín investigador” de los partidos emergentes (Rafael Hernando dixit) y el escaso entusiasmo del PP por constituir comisiones que pongan en entredicho su gestión.
La de Interior, que investigará “la utilización partidista” de los recursos del Ministerio en la etapa de Jorge Fernández Díaz, tiene una duración prevista de tres meses prorrogables. Tras aplazarse por la enfermedad del exministro, el Congreso ha acordado que arranque ya y celebrará su primera sesión la semana del 6 al 10 de marzo. Cuando tenga el trabajo avanzado y siempre antes del 22 de abril, se pondrá en marcha la de la crisis financiera, que tiene una duración mayor: seis meses prorrogables. No acabará antes de noviembre, condicionando así la actividad parlamentaria.
Porque se descarta, informan fuentes parlamentarias, que se abra paso en paralelo una tercera comisión de investigación. La de la financiación del PP, que debería haberse registrado antes del 31 de enero según el pacto de investidura -luego los firmantes explicaron que el plazo se ampliaba a febrero, dado que enero es inhábil en el Congreso-, no podrá abrirse paso antes de junio. Entonces, estará agonizando el actual periodo de sesiones (febrero-junio) y el siguiente no comenzará hasta septiembre. Son plazos reglados en la Constitución y, aunque en los meses inhábiles se pueden celebrar comisiones y plenos extraordinarios, no es una opción que arranque una comisión de investigación.
La comisión de investigación sobre Interior será la primera que aborde el Congreso desde la que dedicó al 11-M
Cs prioriza otras medidas
Así que la que fuera una de las exigencias previas de Rivera para sentarse a negociar la investidura de Rajoy ve alargarse mucho los tiempos previstos. Fuentes de Ciudadanos informan de que ellos seguirán luchando por ponerla en marcha cuanto antes -“si es con el apoyo del Gobierno y el PP, mejor, pero podemos buscar alternativas”-, aunque lo cierto es que su comportamiento parece indicar que han tirado la toalla con este punto. Al menos por el momento.
El lunes, delegaciones de los grupos parlamentarios de Rajoy y Rivera se reunieron en el Congreso por espacio de una hora. La cita se produjo a petición de Cs, que quería acelerar la puesta en marcha de las condiciones previas fijadas por este partido en agosto. La conversación se centró en dos de ellas: la supresión de los aforamientos políticos y la limitación del mandato del presidente del Gobierno. Ciudadanos trasladó al PP dos propuestas concretas para sendas reformas legislativas y los de Rajoy dijeron que lo estudiarían y darían una respuesta en breve.
La investigación sobre la financiación de Génova no salió en la charla, según ha podido saber Vozpópuli. Los populares han matizado mucho sus intenciones sobre ella desde que Rajoy logró la reelección. Quieren aparcarla, han explicado públicamente, porque sería "injusto" poner el foco de la corrupción en un solo partido y porque la Comisión Anticorrupción del Congreso ha fijado entre sus prioridades el estudio de la financiación de las formaciones políticas. Dedicar a ello una comisión de investigación sería redundar, en su opinión. Ciudadanos discrepa: "No tiene nada que ver; una emitirá dictámenes para mejorar y hacer más transparente la financiación y otra investigará si el PP cometió ilegalidades, como indican los diversos frentes judiciales que tiene abiertos".
Rivera quiere colgarse ya la medalla de haber limitado el mandato del presidente del Gobierno, pero necesita para ello el impulso del PP
Pese a ello, el partido naranja prefiere apretar con los otros temas, sabedor de que será más fácil sacarlos adelante. De las seis medidas que tenían que lanzarse en los tres primeros meses, solo dos han asomado: la prohibición de los indultos por corrupción -tramitada en el Congreso y en la práctica ya adoptada por Moncloa desde hace años- y la reforma electoral -se estudiará en una subcomisión parlamentaria-.
Ciudadanos quiere impulsar ya otras dos, esas ante las que apremió al PP el lunes. Moncloa ha dado largas sobre la eliminación del aforamiento para diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, medida que exige una reforma de la Constitución ante la que Pablo Iglesias forzaría un referéndum. Además, Rivera plantea un retoque en el artículo 11 de la Ley del Gobierno para impedir que pueda ser presidente quien haya “ostentado este cargo durante los dos mandatos inmediatamente anteriores a su propuesta de nombramiento, siempre que estos sumen al menos ocho años”. Para esta reforma, basta con conseguir mayoría simple en el Congreso, pero el proceso se aceleraría si cuenta con el impulso del PP, grupo mayoritario. Los populares han prometido una respuesta rápida a su socio respecto a ambos temas.
Dos exigencias más
Y aún quedan dos promesas más de Rajoy a Rivera por cumplir, al margen del resto del pacto. La referida comisión de investigación -que en un principio iba a ser sobre el caso Bárcenas y luego se dejó en un genérico “presunta financiación ilegal del PP”- y expulsar a los cargos imputados por corrupción política. Esta última medida, hasta su plasmación en un pacto global con otras fuerzas o su inclusión en la legislación, va acompañada del compromiso explícito de asumirla por parte de los populares.
“El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción”, reza el punto 93 del acuerdo, que los de Rajoy no están cumpliendo en Murcia. Allí, a nivel regional, estos partidos tienen firmado otro pacto que recoge la misma cláusula. Y también está incluida en la ley de transparencia autonómica. El presidente, Pedro Antonio Sánchez, se mantiene en su puesto pese a que el 6 de marzo declarará como investigado por cuatro delitos de corrupción y a que Ciudadanos, partido que le sostiene en el poder, le ha exigido la dimisión inmediata. De momento, sin amenazar con la moción de censura.
El PP está incumpliendo en Murcia el pacto anticorrupción, poniendo a prueba su pacto con Cs en dicha región
Ciudadanos supo desde el primer día que se arriesgaba a que el PP incumpliera los compromisos, máxime cuando Rivera rechazó entrar en el Gobierno y se limitó a ofrecer apoyo externo. “Si incumplen, serán ellos los que deberán dar explicaciones, nosotros nos encargaremos de recordar a diario que no tienen palabra”, indican desde el partido naranja cuando se les pregunta por el tema. Pero el PP no solo dispone de las armas de ostentar el poder y ser la fuerza política más grande de España para tapar ese relato, sino también de las herramientas propias de la experiencia. Como a menudo se pone de manifiesto en el Parlamento. El último ejemplo, con las comisiones de investigación.
