"Lo que vale para el PSOE, también vale para el resto de partidos políticos: desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones". Así avisó Míriam Nogueras, portavoz posconvergente en el Congreso, a EH Bildu de que el apoyo de los siete diputados de Junts para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como 'Ley Mordaza'–, y su sustitución por una nueva norma, no será gratis. Es decir, si la coalición de Gobierno quiere materializar el anuncio hecho este jueves por Mertxe Aizpurua, portavoz abertzale en Madrid, tendrá que sentarse a negociar.
Y es que PSOE, Sumar y EH Bildu anunciaron este jueves su acuerdo para eliminar de forma progresiva el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios para disolver manifestaciones y rebajar las multas por desobediencia y por faltas de respeto a la autoridad, incluidas en la ley sacada adelante por Mariano Rajoy en 2015. Pero no sólo eso: el acuerdo –tildado de "encapuchado" por el PP, por la presencia de la izquierda abertzale en la ecuación– también contempla una modificación de la Ley de Extranjería para prohibir las devoluciones en caliente de migrantes en Ceuta y Melilla.
Un punto, este último, que sugiere a los populares la posibilidad de que Junts se baje del carro si no atienden a sus peticiones. "No sabemos si va a salir adelante: es raro que Junts vaya a entrar ahí", confía un presidente autonómico del PP en conversación con Vozpópuli. "Es una cortina de humo provocada por los que defendían la kale borroka", aseguran desde Génova, donde consideran que "es muy difícil hacer coincidir la voluntad de Junts con la de Bildu en este asunto".
Porque, como en cualquier votación en el Congreso en esta legislatura, Pedro Sánchez necesita el apoyo de todos sus socios de investidura. Y no sólo Junts puso remilgos –en principio, los más inquietantes, habida cuenta del historial de bloqueo al Gobierno en los últimos meses– al anuncio. También el PNV y Podemos, para quien la reforma no es sino un "retoque muy estético". Para la formación de izquierda radical, "no se puede llamar derogación de la Ley Mordaza, porque se queda muy cortito", según dijo este jueves el secretario de Organización morado, Pablo Fernández. Es más, la reforma anunciada por Aizpurua, a ojos de Podemos, "no aborda las grandes cuestiones que a nuestro juicio deberían eliminar".
Lo que pide Podemos es mayor concreción a la hora de establecer cómo se retirarán las pelotas de goma del material empleado de forma disuasoria por la Policía; es decir, que se diseñe un calendario. Además, el partido liderado por Ione Belarra mostró el mismo escepticismo con las devoluciones en caliente, puesto que su aplicación estaría ligada a una aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno es incapaz de sacar adelante en el Congreso.
PNV: "El principio de autoridad debe mantenerse"
En el caso de los jeltzales, fue su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, quien subrayó que "la negociación continúa" y no votarán el primer texto que Gobierno y Bildu presenten. "Nos reservamos el derecho a presentar enmiendas", dijo Esteban, "contento" por la apertura del debate, pero consciente de que "el principio de autoridad debe mantenerse y es fundamental para el orden público y el respeto a la policía". Es decir, en Ajuria Enea, pese a su lealtad a la mayoría progresista que sustenta a Sánchez, todavía quedan ciertas pavesas conservadoras.
Según expuso el portavoz parlamentario del PNV, es necesario "un examen más detallado" del acuerdo entre las tres formaciones. ¿El motivo? A los nacionalistas vascos no les convence que el delito de desobediencia –la manifiesta resistencia a la autoridad o la negativa a identificarse ante un agente de la ley– pase a ser falta leve en lugar de grave. Al igual que tampoco les convence que las sanciones por insultar a la Policía sean retiradas si el posible multado se retracta en el momento. "Suena raro, lo puedes hacer un día y al día siguiente también", dijo Esteban.
