El PSOE ha convertido a Bildu en un aliado estable. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin mencionarles explícitamente, les ha dado las gracias por ello en el Congreso en varias ocasiones. Parte de los herederos políticos de ETA han apoyado al líder socialista en varias ocasiones: desde su investidura, pasando por tres Presupuestos Generales del Estado, el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Vivienda, la reforma laboral, las mejoras para las empleadas del hogar, la Ley de Igualdad de Trato, la Ley de Memoria Democrática y ahora la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Estos son los acuerdos sobre el papel. Pero hay otras contrapartidas que, sin ser resultado de un acuerdo firmado, los abertzales se arrogan como efectos de su presión política. Uno de los temas sensibles en la relación entre el PSOE y Bildu es la política penitenciaria, particularmente en relación con los presos de ETA. Aunque nunca ha habido un acuerdo formal en este sentido, Bildu ha mantenido una presión constante para conseguir la acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y navarras.
Y hay que reseñar que en los últimos años, ha habido avances significativos en este aspecto, con el traslado de al menos 377 etarras a cárceles más cercanas al País Vasco. Si bien el Gobierno siempre ha defendido que estas decisiones responden a criterios penitenciarios y legales, Bildu ha interpretado estos movimientos como un resultado de su presión política.
Bildu también presiona al Gobierno para avanzar en la transferencia de competencias al País Vasco y Navarra, especialmente en áreas clave como la gestión de la Seguridad Social y la política penitenciaria. Aunque no siempre ha habido acuerdos explícitos, se han producido algunos avances en la descentralización durante los mandatos de Sánchez. Esto se enmarca en la estrategia de Bildu para conseguir mayores cuotas de autogobierno para el País Vasco y Navarra en su competición particular con el PNV.
la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, fue uno de los acuerdos más relevantes entre el PSOE y Bildu durante el gobierno de Pedro Sánchez. Este pacto permitió que los abertzales apoyaran la norma, aunque fue objeto de un intenso debate y críticas por parte de la oposición, que consideró muy controvertida la implicación de los secesionistas vascos por su relación política con la banda terrorista.
Bildu impulsó el reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura franquista y la represión, sin dejar de lado a los republicanos y a otros colectivos perseguidos. El partido logró que se impulsara la nulidad de las condenas franquistas, particularmente aquellas contra opositores políticos. De igual manera negoció la anulación de los títulos nobiliarios concedidos por el franquismo, algo que finalmente se incluyó en la ley.
Los abertzales también insistieron en crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del franquismo, un órgano que debía estar destinado a esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Si bien la ley no la incluyó, sí se incorporaron mecanismos para garantizar la investigación histórica de estos hechos y su divulgación.
Pero sin duda, una de las concesiones más controvertidas de Sánchez a los abertzales fue la introducción de una mención explícita a las víctimas de los grupos parapoliciales y de extrema derecha que actuaron durante la Transición. Bildu logró que el texto incluyera el reconocimiento y la reparación de las víctimas de estos grupos, como el Batallón Vasco Español o los GAL, lo cual fue visto por algunos sectores como una concesión importante e intolerable.
Otro de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y Bildu fue la mejora de los derechos laborales de las empleadas del hogar, un sector históricamente precarizado. Los abertzales consiguieron la equiparación de los derechos de las empleadas del hogar con los de otros trabajadores. Esto incluyó el acceso a prestaciones por desempleo, así como la obligación de los empleadores de garantizar un contrato formal.
