“Cuanto más nos veten más evidente será la debilidad económica y parlamentaria del Gobierno y más se le verá el plumero de que lo que tiene es mucho miedo”. Estas palabras, muy similares a las que pronunció este martes Íñigo Errejón (Unidos Podemos), fueron empleadas en 2009 por la hoy vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entonces portavoz del PP en la Cámara baja, para denunciar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero había vetado siete proposiciones de ley de los populares, todas ellas de tinte económico. “El Gobierno ha echado el cerrojazo al Parlamento y ha dicho no a la alternativa económica del PP”, enfatizó Santamaría.
Los populares consideraban que los socialistas estaban cometiendo un “abuso” de la facultad que el reglamento del Congreso y la Constitución otorgan al Gobierno para frenar cualquier iniciativa que suponga un aumento de gasto o una minoración de ingresos sobre las cuentas previstas. El artículo 134.6 de la Carta Magna señala que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Por su parte, el precepto 126.2 del reglamento de la Cámara Baja establece que “ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.
Pero esta polémica herramienta apenas había sido empleada por los sucesivos gobiernos hasta la segunda legislatura de Zapatero, en la que el expresidente socialista dejó de tener aliados parlamentarios y se entregó a la “geometría variable”. Sólo Felipe González la empleó ocho veces, mientras José María Aznar nunca se refugió en ella, ni su primera etapa, cuando gobernaba en minoría y recurría a los votos de CiU y PNV.
Sin embargo, Zapatero utilizó este veto hasta en 107 ocasiones, según las fuentes parlamentarias consultadas. Algunos episodios generaron amplio revuelo. Por ejemplo, cuando en noviembre de 2010 el entonces Ejecutivo socialista echó mano de esta prerrogativa legal para vetar 22 enmiendas de diferentes grupos de la oposición que pedían que se diera marcha atrás en la congelación de las pensiones fijada en el famoso decretazo de 12 de mayo. Una medida que iba a reportar 1.500 millones. Aquello fue durante la tramitación de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Aunque el PP y otras fuerzas presentaron alternativas para compensar dicha cifra, mediante recortes en otras partidas, el Gobierno consideró que tales soluciones no eran correctas técnicamente, ya que esas partidas no se integraban dentro de una misma sección presupuestaria.
Si bien es la primera vez que un Ejecutivo en funciones usa esta prerrogativa, todo apunta a que el PP volverá a emplearla desde el Gobierno
Los populares llevaron después el asunto al Tribunal Supremo, pero éste desestimó su recurso al entender que el Ejecutivo hizo uso de una potestad “reconocida en al artículo 134.6 de la Constitución ejercida en el ámbito de la actividad parlamentaria, que en modo alguno constituye un acto susceptible de control en vía jurisdiccional contencioso administrativa”.
Ahora, Rajoy ha traicionado el legado de Aznar, del que presumían tanto él como la vicepresidenta cuando estaban en la oposición, y ha sumado sus primeros diez vetos conforme al artículo 134.6 de la Carta Magna. Si bien es la primera vez que un Ejecutivo en funciones recurre a esta prerrogativa, todo apunta a que los populares la seguirán empleando desde el nuevo Gobierno.
De esos diez vetos comunicados por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, dos fueron rechazados por la Mesa del Congreso en sendas votaciones, donde sólo los populares se opusieron. De este modo, en principio, las proposiciones de ley del PSOE sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y las condiciones de los trabajadores de subcontratas seguirán su tramitación parlamentaria, pero parece que esta pugna acabará en los tribunales o en un nuevo conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional, como el presentado por el Congreso en la pasada legislatura (la fallida) ante la negativa del Gobierno a someterse al control de la Cámara por estar en funciones.
Desde el Grupo Popular sostienen que legalmente no se puede levantar un veto que haya sido decretado por el Ejecutivo acogiéndose a los citados artículos. De hecho, sólo hay un precedente de revocación en 1983. A ello se añade que en la legislatura de Zapatero nunca se votó en la Mesa del Congreso, máximo órgano de dirección de la Cámara, la viabilidad de un veto del Gobierno de esta tipología, permitiendo que una proposición continuara adelante. Los socialistas estaban aquí en minoría y no tenían ningún acuerdo de gobierno con otras fuerzas, tal y como ocurre ahora con los populares. Únicamente se llegó a devolver algunas comunicaciones de veto al Ejecutivo, pidiéndole que diera más detalles que justificaran tal rechazo. Esto, reclamar una mayor explicación, es lo que se ha acordado ahora la Mesa respecto a las otras ocho proposiciones de ley vistas el martes.
La encrucijada de Rajoy
Con todo, el PP mostró este martes indicios de que está dispuesto a estrujar el reglamento del Congreso y la Constitución para ir superando una legislatura que se le presenta demasiado adversa por varios factores: será el gobierno (si Rajoy sale finalmente investido) con menor apoyo parlamentario de la Democracia; su relación con los nacionalistas, tradicional palanca de estabilidad, está muy deteriorada por los puentes rotos entre 2011 y 2015 ; y han irrumpido fuerzas emergentes como Podemos y Ciudadanos capaces de aliarse con extraños compañeros de cama en la Cortes (nunca fuera de ellas) con tal de sacar rédito político y cobrar protagonismo.
En este complejo escenario, el jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se enfrenta quizá a la mayor encrucijada de su carrera política: o actúa con cintura y exhibe mano tendida o abocará al país a otras elecciones al corto plazo si opta por una pseudo mayoría absoluta que le llevaría a batir los peores récords de Zapatero en la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. El reto de Rajoy, que promete ir partido a partido, votación a votación (“Trataré de ganarme la estabilidad día a día”, ha apuntado), será implementar aquella “geometría variable” que intentó Zapatero en su segundo mandato (explorar apoyos en cada caso, pactando la economía con la derecha y lo social con la izquierda) pero con mejor resultado y sin caer en las malas artes -aunque legales- que practicó el Gobierno socialista sobre la labor del Parlamento, perpetrando hasta 107 vetos contra iniciativas de la oposición.
