El PP no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo el PSOE se alía con Ciudadanos y Podemos en una mayoría alternativa en el Congreso destinada a desgastarle tras el recrudecimiento de los casos de corrupción. Y está decidido a devolvérsela a los socialistas obligando a Susana Díaz a comparecer en el Senado para hablar de la supuesta financiación irregular socialista con los cursos de formación en Andalucía, según ha podido saber Vozpópuli. Será en el marco de la Comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos.
Los populares se apresuraron ayer a registrar la creación de esa comisión en la Cámara Alta, donde disponen de una holgada mayoría absoluta con la cual hacer y deshacer a su antojo. Habían adelantado verbalmente la intención de que comparezcan -obligados a decir la verdad- el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para detallar de dónde proceden sus fondos y las denuncias de trasvase irregular de dinero desde grupos municipales de C's al partido naranja; y Pablo Iglesias, para explicar si es cierta la supuesta financiación del régimen chavista de Venezuela a Podemos a través de la fundación CEPS.
Pero, conscientes de que necesitan al PSOE en esta legislatura de mayorías tan complicadas, Gobierno y PP se habían cuidado mucho de cargar contra el principal partido de la oposición... Hasta que han visto el giro de los socialistas esta semana.
La coincidencia de la citación judicial de Mariano Rajoy como testigo en el 'caso Gürtel' con el encarcelamiento, por otro lado, del expresidente madrileño Ignacio González, y con las imputaciones por delitos de prevaricación de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han creado al PP un escenario endiablado; con el PSOE (85 escaños) arrastrado por Ciudadanos (32) y Podemos (71), a sumar 188 diputados en un endurecimiento de su oposición.
PSOE y Ciudadanos empezaron ayer con Podemos el endurecimiento de su oposición: ya tienen mayoría para que el Congreso "repruebe" al fiscal General del Estado y al fiscal Anticorrupción
De hecho, ayer PSOE y C's presentaron una primera propuesta en tal sentido: las "reprobaciones" del fiscal general del Estado y del fiscal Anticorrupción por su actuación en la 'Operación Lezo', que Podemos apoyará y saldrán adelante sin duda. En las conversaciones mantenidas a lo largo de esta semana, el Grupo Popular ha venido argumentando que una norma -no escrita-, respetada por los dos partidos mayoritarios durante los últimos treinta años, establece que nunca haya dos comisiones de investigación en marcha al mismo tiempo.
Ahora funciona la que investiga irregularidades en Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz ('pinchazos' telefónicos, 'polícía política' para investigar en Cataluña, etc), si bien ralentizada en el tiempo y con una clara entente PSOE-PP-C's para que no se les vaya de las manos: no admiten las comparecencias de los comisarios implicados, solicitadas por Podemos y ERC, y han pedido más "informes" técnicos... Una clara maniobra dilatoria para llegar a diciembre sin actividad.
El PP sostiene que, en ese contexto, daba por descontado que la comisión de investigación de Gürtel empezaría después, pero la gestora socialista "está dando un giro de 180 grados" azuzada desde fuera por C's y Podemos, que no reconocen la norma no escrita por los dos grandes partidos; y también desde dentro, por el candidato a la secretaria general Pedro Sánchez, quien ha criticado duramente a Ferraz por conformarse con pedir la comparecencia de Rajoy solo ante esa comisión y no ante el Pleno del Congreso.
Si resulta elegida secretaria general del PSOE en las primarias, Díaz tendrá que hablar nada más llegar al cargo de los 50 millones en fondos de formación de Andalucía concedidos irregularmente
Según algunas fuentes, tanta cautela de la gestora socialista criticada por Sánchez tiene que ver precisamente con su convicción de que el PP puede armar mucho ruido en el Senado con una Comisión de Investigación de la financiación de los partidos bajo su control.
La primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, creó en 2014 otra macrocausa sobre los cursos de formación en Andalucía e intentó indagar. Durante la declaración del principal testigo en esa causa, Alaya preguntó al responsable de la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), Teodoro Montes, si ese ente "financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta". El funcionario no concretó pero mostró "numerosas dudas" al respecto.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ya había detectado irregularidades en 2004 pero el grueso del escándalo estalló cinco años más tarde, al conocerse que en 2009 y 2010 se habían repartido a beneficiarios de los fondos de formación (muchos militantes y familiares de cargos del PSOE-A) un total de 50 millones de euros sin justificar. El 89% de las subvenciones concedidas no estaban bien justificadas y la Fiscalía abrió una investigación.
