Política

A PP y PSOE les da vértigo reformar la Constitución sin un pacto con Podemos

Los socialistas reclaman la reforma de la Constitución, pero lo hacen con la boca pequeña, conscientes de que sería un riesgo encarar este reto con el partido descabezado y a contracorriente de Podemos. Lo mismo opina el Gobierno.

  • Mariano Rajoy, este martes, en la Fiesta de la Constitución

El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, apostaron ayer por una reforma del texto constitucional, pero lo hicieron con la boca pequeña, conscientes de que su partido sigue descabezado y de que sería muy arriesgado encarar este desafío sin el concurso de Podemos. Es más, ven improbable que esta reforma pueda encauzarse a lo largo del año que viene, por lo que ponen las luces largas, como hace también el Gobierno.

Encarar la reforma constitucional sin el concurso de Podemos obligaría a los dos grandes partidos a pasar por un referéndum imprevisible

Según fuentes socialistas, el PSOE se ve en la obligación de apostar por la reforma constitucional porque sigue teniendo un problema muy serio en Cataluña, donde un sector mayoritario del PSC no da la espalda al ‘derecho a decidir’ ni tampoco a la conversión de España en un “Estado plurinacional”. Ello explica que los socialistas se agarren como a un clavo ardiendo a la ‘declaración de Granada pactada por Alfredo Pérez Rubalcaba con los barones territoriales hace tres años, en la que se apuesta por una redefinición del Estado autonómico hacia el modelo federal, pero sin demasiadas concreciones.

Sin embargo, algunos barones socialistas reconocen que una reforma constitucional de este calado sería imprudente afrontarla con el partido descabezado y con Podemos, una fuerza que cuenta en total con 71 diputados, a la contra. Javier Fernández comentó ayer en un corrillo con periodistas que el congreso que elegirá el nuevo líder no se espera hasta bien entrada la primavera. Además, no todos los presidentes autonómicos entonan el mismo discurso en torno a una reforma que, en opinión de algunos de ellos, ni siquiera debería abrirse sin un consenso garantizado previo. Es el sentir, entre otros, del aragonés Javier Lambán.

No resultará sencillo ni para el PP ni para los socialistas dejar a Pablo Iglesias y a su tropa al margen del consenso constitucional, por una sencilla razón: la reforma tendría que ir seguida de un referéndum en el que los dos grandes partidos podrían pasar por las demoledoras experiencias que hace poco han vivido Gran Bretaña con el Brexit e Italia con la consulta que acaba de sufrir en propia carne Matteo Renzi.

Incluso en el supuesto de que el PP, el PSOE y Ciudadanos se pusieran de acuerdo para eludir una consulta de este tipo después de cambiar la Constitución en alguno de sus artículos, Unidos Podemos podrían forzarla valiéndose del artículo 167.3 de la Carta Magna que permite que el 10% de la Cámara Baja pueda exigir con éxito este referéndum. Dice literalmente: “Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

La conclusión a la que han llegado tanto Mariano Rajoy como Javier Fernández, y de ella han hablado largo y tendido, es evidente: o se introduce a Iglesias en el pacto o no parece sensato correr este riesgo. Fue el mismo mensaje que lanzó en la Comisión Constitucional hace una semana la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien expuso bien a las claras el criterio del Gobierno: no abrirá este melón hasta que no tenga la garantía de saber cómo cerrarlo.

Los socialistas no quieren implicarse en una reforma de tanto calado con el partido descabezado

Y a la vista de lo pregonado ayer por la diputada de Podemos Carolina Bescansa en el Congreso, el acuerdo no va a resultar nada fácil. La formación morada defiende que se incluya en la ley de leyes el derecho de los ciudadanos a la calefacción y se garantice por los poderes públicos la aplicación del derecho a la vivienda y al trabajo digno, aunque no precisa cómo. También el ‘derecho a decidir’, eufemismo detrás del que se esconde el derecho de autodeterminación. Con estos mimbres, es probable, comentaban ayer algunos diputados del PP presentes en la Fiesta de la Constitución, que su reforma no pueda ver la luz en esta legislatura, aunque transcurran los años hablando continuamente de ella.

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