Pasan los días y el PP sigue sin presentar la querella con la que amagó contra el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en la madrugada del lunes 20 de enero en que ella llegó a España, a pesar de que no puede entrar en la UE tras la prohibición emitida por la Comisión Europea contra ella y contra todos los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro.
"El PP nunca dijo que fuera a presentar una querella", asegura ahora a Vozpópuli una fuente del Grupo Popular, que contrasta con la versión oficial que sigue ofreciendo la Dirección Nacional, en el sentido de que "primero hay que ver qué hace la Fiscalía" con la denuncia que los populares y Vox presentaron ante la misma por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia a la orden europea de expulsión.
El objetivo indisimulado de ambos partidos, también de Ciudadanos, es evitar que el Ministerio del Interior borre las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de las cámaras del aeropuerto el próximo 20 de febrero, cuando se cumpla un mes de los hechos, obligado por la Ley de Protección de Datos; de hecho, Pablo Casado anunció la semana pasa al Grupo Popular que han requerido notarialmente a Interior para que no destruya unas cintas que podrían probar la comisión de delitos.
Algunos sectores de la dirección creen que basta con su denuncia presentada ante la Fiscalía porque la querella presentada por el llamado 'Partido Laócrata' tiene el mismo efecto "instrumental"
El problema, aseguran otras fuentes populares para explicar por qué el PP remolonea tanto para presentar la querella, es que esos supuestos delitos los habrían cometido, no Ábalos, sino el denominado comisario de fronteras y los policías que intervinieron en el operativo, al dejar que la vicepresidenta venezolana y su séquito bajara del avión privado de Sky Valet y accediera al área VIP de la T1 sin controlar sus pasaportes.
No existe obediencia debida cuando una orden es manifiestamente ilegal, dice numerosa jurisprudencia al respecto. Los funcionarios policiales tendrían que haber hecho caso omiso a las supuestas órdenes que les trasladó el ministro de Fomento para evitar el "conflicto diplomático" que argumenta el Gobierno, explican estas fuentes.
Y el principal partido de la oposición, aunque tenga a José Luis Ábalos en su punto de mira "político", no quiere que, a consecuencia de una querella suya, al final salga absuelto en los tribunales y los condenados por prevaricación acaben siendo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿De compras en el 'Duty Free'?
Al fin y al cabo, la judicialización del Delcygate, como lo denomina el PP, ya se ha producido por la querella que sí ha presentado el secretario general del autodenominado Partido Laócrata de España, Sergio Cebolla de Ávila, contra el ministro de Fomento y los policías. En ella reclaman que, en base a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el "aseguramiento de pruebas", se paralice la destrucción de las grabaciones de videovigilancia de Barajas en la madrugada del lunes 20 de enero.
De hecho, el PP ha presentado una batería de preguntas parlamentarias a Ábalos -las que le hubiera hecho de haberse aprobado la comisión de investigación que rechaza el PSOE-, en la que destaca la siguiente: "¿Se le permitió a Delcy Rodríguez realizar compras en el Duty Free de la Terminal 4 y 4S antes de abordar el vuelo QR148 con destino Doha?".
En la sesión de control al Gobierno este miércoles, centrada en el polémico aterrizaje en España de la número dos de Venezuela, la diputada del PP Belén Hoyo aludió al hecho de que la vicepresidenta venezolana deambuló por la T4 satélite esa noche, pero el ministro y secretario de Organización del PSOE no lo negó; "más allá de los detalles", replicó Ábalos en una dura refriega, se evitó el conflicto diplomático.
