El PP ha avisado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que controlar su hipotético pacto con Unidas Podemos desde una Oficina del Ministerio de Hacienda podría constituir un delito de prevaricación o malversación.
Los 'populares' han dirigido una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso después de que Sánchez ofreciera esta semana, durante la presentación de su programa común progresista, crear una oficina en el Ministerio de Hacienda para hacer seguimiento del acuerdo con Podemos.
En su iniciativa, el principal partido de la oposición critica que Sánchez plantee "utilizar" fondos públicos para controlar el cumplimiento de un posible acuerdo "privado" entre dos formaciones políticas. "No es una propuesta propia de un partido socialdemócrata moderno -sostienen-. Es una mezcla de creación y subida de impuestos que hace recaer, una vez más, el peso de la tributación en la clase media.
"Confunde" el ámbito privado y el público
Desde el PP recuerdan, no obstante, que no es la primera vez ésta que el presidente en funciones "confunde" el ámbito público y el privado, puesto que el octubre pasado presentó un acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno de España y Unidas Podemos "en una sorprendente confusión de las instituciones con el partido".
Así las cosas, el partido que lidera Pablo Iglesias pregunta al Gobierno si cree que pagar con dinero de todos los españoles una oficina ad hoc "para satisfacer intereses privados" puede constituir presuntamente un delito de prevaricación o malversación, y si ha valorado las implicaciones económicas, legales y penales de su creación.
Los 'populares' también censuran que, durante la presentación de su programa, Sánchez ofertara a los de Iglesias para garantizarse su apoyo cargos en altas instituciones del Estado, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Defensor del Publico, como concretó después la vicepresidenta, Carmen Calvo. Para su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, esta propuesta supone "una burda politización" de las instituciones públicas.
