La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, se reafirmó este viernes en la necesidad de haber pedido el aclaratorio al Supremo y el informe a los servicios jurídicos como “la solución más prudente, más garantista y con mayor seguridad jurídica” respecto a la suspensión de los diputados presos, teniendo en cuenta que se trata de un caso “sin precedentes y de gran complejidad” técnica, con diversidad de posiciones en los grupos y dudas entre los propios servicios jurídicos.
Por todo ello, cree que había que “salvaguardar el poder legislativo, respetar y cumplir los criterios constitucionales colaborando entre los poderes del Estado , garantizar los derechos de los diputados y tomar las decisiones con la máxima seguridad jurídica”, porque “en ningún caso estas decisiones deben tener carácter jurídico o discrecional”.
Batet explicó también que la Mesa ha encargado un nuevo informe a los servicios jurídicos (a petición del PP, según dijo después la vicepresidenta tercera, Ana Pastor) que estudiará en una próxima reunión acerca de cómo quedan las mayorías parlamentarias si los cuatro diputados suspendidos no dejan el acta y por tanto no son sustituidos. Es decir, si el Pleno pasa a tener 346 diputados y la mayoría absoluta se queda en 174, o si mantiene los 350.
PP y Ciudadanos
La expresidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, además de reivindicar la petición de ese informe, subrayó que el informe de los letrados confirmaba su tesis de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal imponía la “inmediata aplicación” de la suspensión automática de los diputados al estar en prisión preventiva. “Se han perdido varios días”. Según dijo, el PP pidió también que la resolución de la Mesa se refiriera específicamente a todos los artículos del Reglamento que recogen los distintos derechos económicos y obligaciones de los diputados en ejercicio.
Según su testimonio, tanto el PP como Ciudadanos insistieron, contradiciendo a Batet, en que habría valido con el artículo 21 del Reglamento de la Cámara porque el Supremo ya dijo el día 14 que no había lugar a suplicatorio con el juicio ya en marcha. Finalmente, contradijo a la presidenta ironizando con su “aversión” a las votaciones, que desde su punto de vista se produjeron desde el momento en que los grupos manifestaron de viva voz sus posiciones.
Posteriormente, y en un tono menos institucional y más de partido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, atribuyó a su formación haber “torcido el brazo de la militante del PSC que tenemos por presidenta”, con una táctica sin “estridencias pero que consigue resultados”. García Egea interpretó que “los españoles se avergüenzan del bochornoso espectáculo” de verla “haber utilizado todos esos esfuerzos en retrasar una decisión que estaba claro cuál iba a ser”.
A su juicio, la dilación “sólo obedece al intento del PSOE de que los independentistas les sigan apoyando”, y, respecto a la mayoría parlamentaria tras la suspensión de cuatro diputados, dijo que espera que “esta suspensión no sea un balón de oxígeno para Pedro Sánchez”, y que “no puede gobernar con 134 diputado”, porque “si es presidente como consecuencia de esta carambola jurídica, su mandato comenzará gravemente dañado”. Por último, ante las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a la decisión, sentenció que “cuando el poder judicial habla, Rufián debería callar”.
En la misma línea que el PP, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, denunció que Batet se ha visto finalmente "forzada" a tomar la decisión después de varios días "haciendo el ridículo" y permitiendo "que se humille a todos los españoles". "Ha empezado muy mal su mandato", aseguró, porque lo hizo "agachando la cabeza" ante los independentistas y protagonizando "un sainete, un teatro" hasta hoy.
Villegas se mostró convencido de que el PSOE quiere "contentar" a los independentistas porque necesita pactar con ellos, y alertó de que esa será "la norma" de la legislatura, incluso utilizando para ello una institución como el Congreso de los Diputados.
Aunque esos diputados no renuncien a su acta y no sean sustituidos por otros, Ciudadanos cree que la composición del hemiciclo y la determinación de la mayoría absoluta no pueden estar condicionadas por esas decisiones individuales, y que el Congreso seguirá formado por 350 diputados y la mayoría absoluta, por tanto, seguirá en 176.
Unidas Podemos y Vox
La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, justificó el voto en contra de sus dos miembros en la Mesa, que Batet atribuyó a que querían más tiempo para estudiar el informe (posición que, como informó Servimedia, ya expusieron en la reunión de ayer) recordando la tesis de la formación de que todos los diputados deberían ejercer plenamente sus funciones “por respeto a los votantes” que les han escogido. “Es la posición que hemos mantenido y hemos manifestado nuestro desacuerdo, acatando la decisión mayoritaria”, señaló Montero.
Finalmente, el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ratificó la posición de PP y Ciudadanos de que Batet “ha dilatado en el tiempo” la decisión cuando “estaba claro” que había que suspender a los diputados presos, pero objetó que esta suspensión automáticamente conllevará una reposición también automática cuando termine el juicio oral y es posible que se les levante la prisión preventiva a la espera de la sentencia.
“Por eso nosotros hemos ido más allá, pidiendo la invalidez de su condición de diputados”, explicó, en referencia al escrito que ayer registró el grupo parlamentario considerando nulas las fórmulas de acatamiento de la Constitución que adoptaron los electos independentistas, que para él son “subterfugios”.
