Política

Los principales escollos en la negociación de Podemos y el Gobierno sobre los Presupuestos

Estas son las medidas que Podemos considera prioritarias para llegar a un acuerdo presupuestario, y sobre las que, por ahora, no ven "avances significativos" que les muevan del 'no'

  • Imagen de archivo de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Las negociaciones entre Podemos y el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 han encallado este fin de semana, a menos de una semana para que acabe el plazo que el partido morado se había dado para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tras semanas de conversaciones y buenas sensaciones, la Ejecutiva estatal de Podemos dado un giro este lunes a las negociaciones, al anunciar que su postura actual pasa por votar 'no' a las cuentas públicas, a menos que el Gobierno rectifique la propuesta inicial que les ha hecho llegar.

A continuación, se señalan las medidas que Podemos considera prioritarias para llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno, y sobre las que, por ahora, no ven "avances significativos" que les muevan del 'no':

Pinchar la burbuja del alquiler

  • Controlar los precios de los alquileres: Podemos exige que el Gobierno se comprometa a reformar la Ley de arrendamientos urbanos (LAU) para permitir la regulación de los precios de los alquileres en aquellas zonas que se consideren tensionadas.
  • Obligar a los grandes propietarios a alquilar: el partido morado reclama que se obligue por ley a los propietarios de más de diez inmuebles a poner en alquiler, a precios asequibles, sus pisos vacíos.

Luchar contra la precariedad laboral

  • Subida a 1.000 euros del SMI en 2019: la formación de Pablo Iglesias exige al Ejecutivo que apruebe una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de hasta 1.000 euros en 2019.
  • Recuperar el subsidio por desempleo a los 52 años: Podemos pide bajar de 55 a 52 años la posibilidad de acceder al subsidio por desempleo para parados de larga duración.
  • Garantizar por ley la actualización de las pensiones al IPC: Podemos celebró la inclusión en el Pacto de Toledo de la actualización de las pensiones en base al IPC, pero reclama al Gobierno que garantice esta medida por ley.

Pensionistas que se concentraron en el Congreso de los Diputados pidiendo mejoras en sus prestaciones.

Una ley de dependencia digna

  • Pago de ayudas a los beneficiarios que no las cobran: el partido de los círculos exige que el Gobierno se comprometa por escrito a pagar las ayudas a las 300.000 personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia pero que, a pesar de ello, no han llegado a recibir ninguna prestación.
  • Recuperar las cotizaciones para los cuidadores familiares: piden revertir la decisión del PP de retirar las cotizaciones de la Seguridad Social a las personas reconocidas como cuidadoras familiares no profesionales.

Precio de la luz

  • Tarifa asequible para las primeras residencias: Podemos pide poner en marcha un sistema de límites máximos y progresividad en el precio de la luz y mejorar el bono social. De este modo, consideran que el decreto ley de medidas urgentes para ampliar el bono social aprobado por el Gobierno es "un parche totalmente insuficiente".
  • Reducir los privilegios de las eléctricas y hacer que contribuyan: el partido morado rechaza de plano la propuesta del Gobierno, incluida en dicho decreto de ley, de abaratar la factura de la luz reduciendo los impuestos a las eléctricas. Así, su propuesta pasa por crear un cargo a la sobrerretribución en función de los aumentos del precio de la luz.

Una persona consulta su factura de la luz.

Justicia fiscal

  • Más impuestos para las grandes fortunas: la formación de los círculos quiere aumentar el tipo del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros al años, aunque el Gobierno se muestra firme en llevar a cabo esta subida a partir de los 140.000 euros.
  • Impuesto a la banca: Podemos no renuncia a su demanda de pedir que se cree un impuesto específico a la banca para recuperar el rescate bancario. No obstante, son conscientes de la dificultad de que el Gobierno asuma esta medida, y no la convierten en línea roja.

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