El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en prisión sentado en una mesa y al otro lado una víctima de sus delitos para hacerle ver que la corrupción tiene consecuencias sobre la vida de las personas. La misma escena con Iñaki Urdangarin, Luis Bárcenas, Francisco Correa y tantos otros condenados por delitos económicos. Estos cara a cara en la cárcel son parte de un programa de reinserción que última Instituciones Penitenciarias centrado en exclusiva en delincuentes de cuello blanco.
Los perfiles susceptibles de ser incluidos en este plan son todos aquellos que hayan demostrado ánimo de lucro amparados en una organización o persona jurídica como puede ser un partido político o una empresa del IBEX. Aquellos cuyos escándalos han marcado buena parte de la actualidad española en los últimos años a través de operaciones como Malaya o Gürtel y que han dejado un reguero de víctimas como los afectados por la estafa de Fórum y Afinsa o la venta de preferentes.
Desde hace meses, un equipo multidisciplinar de Instituciones Penitenciarias trabaja en el borrador de este proyecto que se prevé culminar en verano a falta de una última revisión. En este grupo de trabajo participan juristas, psicólogos, pedagogos y se pretende incorporar en breve a profesionales del ámbito académico universitario. La idea es que colaboren en la elaboración de las unidades terapéuticas que se aplicarán a los presos, según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de estos trabajos.
Un programa inédito
“La mayoría podemos pensar que están muy resocializados en su ámbito social o laboral, que no son como un delincuente común con problemas de desarraigo, que ya no necesitan terapia, pero lo que decimos es que este programa tiene que ir a otro encaje de intervención”, relata a este periódico la subdirectora general de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, Miriam Tapia. Se refiere a que, en su caso, la resocialización pasa por que afronten que sus delitos tienen una repercusión directa sobre las personas.
La iniciativa se divide en tres fases empezando por una primera basada en "motivación y evaluación" de la persona. Someterse a este programa, inédito hasta ahora en Europa, será voluntario como todos los que se practican en prisión para otro tipo de delincuentes específicos como violadores, terroristas o asesinos múltiples, entre otros.
La siguiente fase pasa pasa por el desarrollo de las sesiones terapéuticas enfocadas a actividades que les pongan en contacto con realidades diferentes al mundo que ellos conocen y a las consecuencias de lo que han provocado. Ahí entran en juego los casos concretos de personas que perdieron sus ahorros, que tuvieron que abandonar su casa, el día a día de asociaciones de afectados...
Justicia restaurativa
La tercera y última fase tiene que ver con la Justicia restaurativa. Se trata de un concepto más propio de los sistemas anglosajones y que en España tuvo su presencia en la denominada Vía Nanclares bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Se articularon encuentros personales en prisión entre terroristas de ETA presuntamente arrepentidos y víctimas -en algunos casos directas- de sus atentados. El PP nunca fue partidario de esta iniciativa y la frenó cuando llegó al Gobierno en 2011.
Las entrevistas restaurativas regresarán por tanto a las prisiones en esta modalidad al menos si el PSOE sigue en el Gobierno tras las elecciones del 28 de abril. También se contempla el programa y estos careos como pena alternativa al ingreso efectivo en prisión, una posibilidad que recoge el Código Penal. Ya se aplica en otro tipo de delitos y los jueces deben indicarlo en sus resoluciones.
Los programas de intervención no tienen incidencia en el régimen de cumplimiento de los presos. Es decir, el delincuente de cuello blanco que se acoja al programa no pasará a cumplir su pena en tercer grado, advierten las fuentes consultadas, si bien admiten que se puede valorar positivamente. Al menos ante otros casos, las Juntas de Tratamiento de las prisiones suelen tener en cuenta la asunción del delito, el arrepentimiento o la conducta positiva a la hora de decidir sobre permisos o progresiones de grado.
