El proceso por la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena arranca mañana con una vista preliminar en la que las partes tendrán un "primer contacto" para presentar sus alegaciones.
Será el momento en el que los abogados de los procesados huidos y el del propio Llarena se pronuncien a favor o en contra de la admisión a trámite de la demanda, sustentada en una supuesta falta de imparcialidad y una vulneración a la presunción de inocencia por parte de Llarena.
Los demandantes reclaman al juez un euro simbólico por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el "procés" no está dirimiéndose con imparcialidad.
Cuestiones clave
Una de las cuestiones clave que se estudiará en la vista, fijada a las 8.45 horas frente al Tribunal de Justicia de Bruselas, es si el tribunal de primera instancia francófono tiene o no competencia para admitir a trámite dicha demanda.
Mientras que para los demandantes se trata de una cuestión privada del juez, el Gobierno consideró su defensa una "cuestión de Estado" y aseguró que defendería hasta las últimas consecuencias la integridad y soberanía jurisdiccional, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" de Llarena.
Para ello contrató a un bufete belga, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, para lo que aprobó una provisión de fondos superior al medio millón de euros, cantidad máxima que ha presupuestado el despacho en el caso de que la causa llegue hasta el Tribunal Supremo belga.
Los abogados del bufete han preparado durante los últimos días la estrategia de defensa de Llarena, dirigida por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y su equipo de confianza, según apuntan a Efe fuentes del Ministerio de Justicia.
Otro de los temas clave que se tratarán durante la vista será el supuesto error de la demanda en relación con las palabras pronunciadas por Llarena durante una conferencia en Oviedo, en la que negó la existencia de políticos presos.
En la demanda se reflejan las manifestaciones de Llarena en torno a la posibilidad de que los procesados hubiesen incurrido en delitos recogidos en el Código Penal y en la necesidad de investigarlo, si bien en la traducción jurada al francés se le dio un sentido más afirmativo.
Llarena dijo: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".
Mientras que la traducción de la demanda recoge al final de ese párrafo la expresión, "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación", que elimina el condicional de las palabras del magistrado.
Una error de traducción, según la versión del abogado de Puigdemont, que se pondrá de manifiesto ante el juez belga y que, a su juicio, "no afecta a la esencia de la demanda".
Durante la vista, el juez civil concretará los plazos de formalización de la demanda y de respuesta por parte del abogado de Llarena, Hakim Boularbah.
Además, el magistrado belga valorará si Llarena recibió formalmente la citación el pasado mes de junio.
Ni Llarena ni Puigdemont
Ni el expresidente de la Generalitat ni el propio Llarena acudirán a esa vista, según han informado fuentes jurídicas, aunque sí podría ir alguno de los exconsejeros fugados: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
Según fuentes cercanas al caso, las primeras audiencias servirán para que las partes presenten alegatos escritos y entre vista y vista podrían pasar alrededor de dos meses, por lo que el caso podría alargarse en torno a un año.
