La presión que están viviendo quienes informan sobre el proceso independentista en Cataluña es de sobra conocida. Desde los reporteros a pie de calle que se ven increpados por manifestantes o 'espontáneos' tanto a favor como en contra del referéndum, de la unidad de España o de la independencia; hasta los que se encuentran con el acoso en redes sociales por sus publicaciones relativas al tema. Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó este jueves un informe en el que pide “respeto al libre ejercicio del periodismo en Cataluña” y recoge varios ejemplos de coacciones y ataques a los profesionales de la información, muchos de ellos relativos a las autoridades catalanas y partidos políticos.
La organización muestra como algo frecuente “que los políticos independentistas y responsables de prensa 'den toques', corrijan o muestren excesivo interés” en lo que se publica fuera de España.
Uno de estos corresponsales, Dan Hancox, de The Guardian, se quejaba ‘sorprendido’ en Twitter de las presiones de los altos cargos catalanes: “Es divertido que el jefe de relaciones públicas del Gobierno catalán y exjefe de prensa de Artur Mas piense que el lloriqueo diario sobre Ada Colau es una buena estrategia”, decía en un tuit ya en mayo de 2016, y calificaba de ‘troleo’ la saturación de informaciones difundidas por la Junts pel Sí con un tinte marcadamente propagandístico.
Trolling me on twitter with "look at this shit thing that happened in BCN" = not the sophisticated political comms for JpS you think it is
— Dan Hancox (@danhancox) May 31, 2016
Hancox se quejaba además en otro tuit de que la Generalitat le atosigara con información puramente política en vez de con anuncios reales del Govern.
La corresponsal d France2 Elise Gazengel se quejaba en un artículo en El País, recogido por RSF, del trato diferencial que da la Generalitat entre medios españoles, a los que muchas veces ignora, y el trato inmediato y propagandístico de las autoridades catalanas cuando se trata de un medio extranjero. "Hay una lista de Whatsapp del responsable de Comunicación de la Generalitat para corresponsales y, en él, no sólo se nos facilita información y convocatorias, como es normal, sino que recibimos 'lecturas recomendadas' de artículos favorables al 'procés', aclaraciones y hasta correcciones" como diferenciar bien entre la Policía catalana y la española.
Otro corresponsal francés, Henry de Laguérie, denunciaba que en 2015 sufrió "ataques por parte de algunos altos cargos de la Generalitat" o próximos a ella, "por expresar dudas sobre temas relacionados con la independencia o la acción del Govern", algo por lo que ha sido "criticado de forma desproporcionada". Asegura que estos cargos le han "descalificado y señalado" en redes sociales.
"Ciberhooligans"
Laguérie no es el único que se ha sentido señalado públicamente. El informe recoge el caso reciente de la corresponsal de La Vanguardia en Bruselas, Beatriz Navarro, quien publicó una entrevista con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, bajo el título "Sobre Cataluña, lo que digan las Cortes y el Tribunal Constitucional", citando las palabras del mandatario. Sin embargo, la reacción del responsable de Comunicación Exterior de la Generalitat, Joan María Piqué, fue la de señalar a la periodista con un tuit lapidario: "Lo que dice y piensa Juncker es lo que Bea Navarro dice que dice y piensa Juncker".
Qué bajo se puede caer... Desde luego, lo que Juncker no dice es lo que vosotros pretendéis que dice, q apoya el 1-O pero ¿qué más da, no?
— Beatriz Navarro (@beanavarro) September 15, 2017
Este hecho supuso una reacción de acoso en la red a la informadora. "He perdido la cuenta del número de réplicas recibidas, algunas insultantes", confiesa a RSF.
Durante un tiempo, existía un proyecto -afortunadamente abandonado- para crear un grupo de corresponsales más afines al independentismo"
Pero los episodios con los periodistas pueden ir más allá de la esfera de internet. El anteriormente mencionado Henry Laguérie denuncia que descubrió que, "durante un tiempo, existía un proyecto -afortunadamente abandonado- para crear un grupo de corresponsales más afines al independentismo". Asegura haber tenido acceso "a un documento de unos responsables de prensa de una Conselleria del Govern, en el cual figuraba la lista de todos los responsables extranjeros en España, con comentarios del tipo 'muy sensible al tema catalán' o 'muy crítico con el independentismo'".
La diferenciación entre pro-independentista y españolista sí ha llegado a la hora de celebrar algunas ruedas de prensa, como denuncia el periodista de CTXT Guillem Martínez, que explica que cuando, a principios de junio, la Generalitat convocó a la prensa al importante anuncio del referéndum unilateral del 1 de octubre, no recibió invitación ni acreditación. Tras solicitarlo expresamente, el Departamento de Comunicación del Govern respondió al medio que "los periodistas opinadores no estaban convocados". Finalmente, el apoyo de otros periodistas y corresponsales extranjeros logró que acabara siendo acreditado, pero con una comunicación tan tardía que no logró acudir a la convocatoria.
"Alegar que no soy periodista, sino opinador -al no opinar lo mismo que la Generalitat, imagino- es bastante exótico y se tradujo en infinitud de mensajes con insultos y, otra vez, con cosmovisiones de la extrema derecha europea. En esta ocasión sí llegaron amenazas personales", explica.
La acusación de altos cargos catalanes a periodistas ha sobrepasado el límite del independentismo. El caso más evidente fue el de la campaña de linchamiento que iniciaron el conseller de Interior del Govern, Joaquim Forn, y el Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, cuando tuvieron que reconocer públicamente que habían recibido un aviso de atentado en Las Ramblas de Barcelona antes de que éste se produjera el 17 de agosto, tal y como había informado El Periódico. En aquella comparecencia conjunta, ambos se dirigieron al director del medio y al periodista presente en la sala, Luis Mauri, en tono intimidatorio.
Desde entonces, denuncia la organización, el director de El Periódico, Enric Hernàndez, "no ha dejado de recibir amenazas (algunas de muerte), campañas en Change.org", solicitudes a Twitter para que cancelen su cuenta o incluso peticiones, como la de ERC, para dar de baja las suscripciones al medio. Fue "el alto precio por disparar al Sheriff", tal como expuso Rubén Arránz en este periódico.
