El PSOE andaluz se prepara para un cataclismo si PP y Ciudadanos logran un acuerdo para gobernar la Junta de Andalucía. La pérdida del gobierno autonómico supone no sólo un golpe político después de 36 años en el Palacio de San Telmo, sino también laboral. Hay miles de cargos altos, medios, intermedios y bajos del partido o vinculados al partido que pueden perder su puesto de trabajo.
Andalucía es una comunidad en la que cuesta discernir la frontera entre la Administración y el partido que la gobierna. En parte porque han sido muchos años de socialismo. Y en parte también, porque el PSOE ha utilizado ese poder para colocar a sus cuadros.
Este viene de Mario Jiménez (portavoz parlamentario del PSOE andaluz), este otro de menganito o de fulanito. Eran los comentarios habituales consejerías, cargos de libre disposición y la red de consorcios, fundaciones, institutos y agencias públicas vinculadas a la Junta de Andalucía.
Administración paralela
La Junta emplea a unas 245.000 personas en total, en su mayoría funcionarios. Pero dentro de la Administración pública existe una administración paralela que según algunos cálculos ronda las 25.000 personas.
Son trabajadores que han accedido a los niveles más altos de la administración sin pasar por una oposición, concurso o nada que se parezca a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Han sido nombrados a dedo.
El grueso de esas nóminas, unas 23.300 según la Cámara de Cuentas de Andalucía, pertenece a los entes públicos que rodean la Junta de Andalucía. El gasto de personal ronda los 890 millones de euros, según el mismo órgano.
El paraguas legislativo de esta paraadministración fue la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, aprobada en 2010. Esta norma fue popularmente bautizada como la ley del enchufismo. El Tribunal Constitucional tumbó una pequeña parte de la misma tras un recurso del PP.
Pero es que estas agencias y fundaciones han sido además el origen de algunos de los casos de corrupción más graves de la Junta en los últimos años y que sin duda han influido en la debacle de Susana Díaz el 2-D.
La agencia pública IDEA, utilizada para pagar las ayudas irregulares de los ERE a espaldas del control de los interventores. Hay procesos como el de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta. Y más recientemente el de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).
Tarjetas en clubes de alterne
El caso de la FAFFE ha sido muy comentado en la campaña después de descubrirse que se usaron tarjetas de crédito de la Fundación en clubes de alterne. No es su único problema. En 2016, el Gobierno andaluz tuvo que admitir que el Servicio Andaluz de Empleo había asumido a poco más de 1.100 empleados de la FAFFE tras extinguirse la fundación sin que se supiera muy bien qué estaban haciendo.
El desandamiaje de esta estructura es un quebradero de cabeza para el PP y Ciudadanos. La salida del PSOE de la Junta supone directamente la salida de al menos 268 altos cargos, 234 asesores y el relevo de 1.672 directivos y 5.000 puestos de confianza. Muchos de estos puestos están ligados a las consejerías.
Pero estas fundaciones emplean a miles de personas que, colocadas o no, viven de estos salarios. Ciudadanos ha sido muy beligerante con el enchufismo en la administración andaluza. Pero el PP no quiere entrar como un elefante en una cacharrería de buenas a primeras.
Si PP y Ciudadanos logran un acuerdo, se prevén muchos cambios. Pero la transición para el nuevo gobierno no será sencilla.
