A pesar de las palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, preguntándose por qué tanta "prisa" para investir a Pedro Sánchez presidente un domingo 5 de enero, horas antes de la cabalgata de Reyes, y, también, de la disposición de Unidas Podemos a posponer el inicio del Pleno del Congreso al martes 7, fuentes gubernamentales aseguran a Vozpópuli que la previsión sigue siendo la siguiente: comienzo jueves 2 de enero, con primera votación (fallida) viernes 3, y segunda el domingo 5.
Los socialistas consideran que, aunque la Abogacía del Estado no entregue a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su informe sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este viernes 27, si lo hace el lunes 30 por la mañana -tiene de plazo hasta el 2 de enero-, "todavía habría tiempo" para que esa tarde se reuniera el Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y aprobara el pacto con el PSOE.
La firma del mismo sería en el Congreso la mañana del martes 31 -"que ese día no es inhábil a efectos políticos", recuerdan las fuentes consultadas- y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría convocar a los 350 diputados para el día después de Año Nuevo. Llega a tiempo para que la sesión se inicie a las 9.00 de la mañana del jueves 2.
"Está claro que cuanto más tiempo pase, peor", razona la dirección socialista y el núcleo que rodea al candidato, temerosa de que ERC se vea paulatinamente más presionada por JuntsxCat
"Está claro que cuanto más tiempo pase, peor", se insiste en Ferraz y en el núcleo que rodea al candidato socialista, temerosos de que ERC se vea paulatinamente más presionada por JuntsxCat, Quim Torra y Carles Puigdemont, las CUP, los autodenominados Comité de Defensa de la República (CDR) o la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y la investidura Sánchez fracase.
Porque los republicanos no tienen tanta prisa en dar su brazo a torcer sin contrapartidas. Quieren ver, antes de tomar cualquier decisión, si la Abogacía del Estado, es "sensible" a su petición de que Oriol Junqueras sea puesto en libertad y se anule el juicio y toda la sentencia del procés, en línea con lo que ha solicitado su abogado, Andreu Van den Eynde.
El problema es la tensión subyacente entre la Abogacía y el Gobierno. La interpretación de los letrados sobre cómo "ayudar" al Supremo a aplicar la sentencia del TJUE, en la palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, no pasa por poner en libertad a Junqueras y asumir que el juicio fue nulo.
Robles: "No sé por qué las prisas"
El propio fallo del tribunal con sede en Luxemburgo no dice eso. Se limita a señalar que el Supremo, en tanto el líder de ERC seguía en "prisión preventiva", debió excarcelarle unas horas en julio para permitirle acudir custodiado ante la Junta Electoral Central (JEC) a recoger su acta de eurodiputado y jurar la Constitución, como hizo con la de diputado del Congreso tras las elecciones generales del 28 de abril.
Esa fue precisamente la postura de la Abogacía del Estado en julio, al pedirle la Sala Segunda del Supremo alegaciones, pero ahora a ERC no le basta esa postura y condiciona la investidura de Pedro Sánchez a un "gesto" de los letrados que vayan más allá y se distancia claramente de la Fiscalía, que no ha dudado en solicitar que permanezca en prisión y que el Supremo se limite a comunicar al Parlamento de Estrasburgo su inhabilitación en firme.
De momento este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que los tiempos de la política no son los de la judicatura. "A todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas. No sé muy bien por qué", ha reflexionado la titular de Defensa y exmagistrada del Supremo, en contra de las tesis que defienden otros destacados miembros del Gobierno y del PSOE:
La espera tensa a la formación de un gobierno de izqdas se hace interminable. La parálisis política suma ya 10 meses.
Se hace depender de un gesto puntual toda una acción d gobierno dirigida a devolver la dignidad a la vida de millones de personas y a dialogar/negociar sobre Cat.— Odón Elorza (@odonelorza2011) December 26, 2019
Y desde la oposición, la visión contraria no se hizo esperar: este mismo jueves el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la investidura del presidente del Gobierno de España no puede estar al albur de las presiones de "un delincuente" al candidato y al PSOE:
La Abogacía del Estado representa los intereses de España, no está al servicio de Sánchez. Es intolerable que su investidura esté pendiente de informe sobre un delincuente. Junqueras está condenado por sedición y no debe tener privilegios discrecionales.https://t.co/D5rQ2aUlqj
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 26, 2019
