Los grupos del Parlamento de Galicia han fracasado en el intento de lograr una declaración institucional que permitiese reafirmar la petición del hemiciclo gallego para que el Pazo de Meirás pase a manos de la Administración pública, después de que un nieto de Franco pretenda vender a una empresa de su propiedad la parte de la herencia que le corresponde, con el fin de evitar la acción pública.
El BNG, que fue el promotor de esta declaración institucional, y En Marea ya avanzan, según confirmaron fuentes de ambas formaciones a Europa Press, nuevas iniciativas para urgir al Estado a que presente la demanda judicial que, a la postre, podría evitar cualquier movimiento de este tipo.
Los socialistas se han manifestado en contra de la propuesta, mientras que los populares respaldaban el documento, salvo algún cambio técnico que pedían pero que no suponía un escollo.
El informe de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura, a petición del Parlamento, concluyó que la Administración del Estado podía iniciar una acción reivindicatoria en los tribunales (en concreto en el partido judicial de Betanzos, donde pertenece Sada). Esto permitiría inscribir en el registro de la propiedad la demanda y, así, paralizar preventivamente cualquier cambio de titularidad, como también se solicitó.
Al trascender la intención de Francisco Franco Martínez-Bordiú, la formación nacionalista, con su portavoz, Ana Pontón, a la cabeza, impulsó una declaración institucional, pero el PSdeG discrepó en los términos en que se presentó y pidió remitirse a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes de julio.
Por su parte, el PPdeG, En Marea y BNG estaban de acuerdo con instar de nuevo al Gobierno central a que acelerase la demanda, pero el 'no' de los socialistas ha impedido este pronunciamiento de la Cámara, ya que requiere la unanimidad de los grupos.
El portavoz socialista en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga ha considerado que hay un "interés partidista" detrás de esta propuesta y ha sostenido que "hay grupos políticos que desean sumarse a la operación de desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez". "Debemos darle un tiempo de margen razonable para llevar a cabo las acciones que implica", ha incidido.
Sin embargo, el BNG ha lamentado "la falta de apoyo del PSOE" para sacar adelante la declaración institucional como vía para "apurar la recuperación de este bien robado durante la dictadura franquista". "No podemos aceptar que el Gobierno de Sánchez piense que con retirar al dictador del Valle de los Caídos se cierra el cumplimiento de la Ley de memoria histórica", ha manifestado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.
