Aquella reforma, aprobada por el Consejo de Ministros como real decreto, reestructuró las cúpulas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con cambios en las Direcciones Adjuntas Operativas (DAO), que se duplicarán en jefaturas centrales. El nuevo organigrama supone la desaparición de las DAO creadas en 2006 y supeditadas entonces al Mando Único, todo ello tras las polémicas protagonizadas en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz.
En un escrito recogido en el Congreso y recogido por Europa Press, el PSOE denuncia que aquella reforma fue "precipitada, irreflexiva, irresponsable y, con toda seguridad, ineficaz", y desde Interior se dieron cuenta de que no se había previsto una fase de transición, por lo que días después, el 7 de agosto, el Ministerio sacó una orden ministerial reponiendo a los afectados por la desaparición de las direcciones adjuntas operativas.
SE SALTARON NORMAS BÁSICAS DEL DERECHO
Para el portavoz socialista de Interior, David Serrada, el equipo de Zoido, pese a su procedencia judicial, "se saltó las normas más básicas del Derecho, como la jerarquía normativa", pues una orden ministerial no puede corregir un real decreto que pasa por Consejo de Ministros.
A su juicio, la continuidad temporal de los afectados incluida en esa orden ministerial posterior resulta "nula de pleno derecho" y las medidas que adopten interinamente esos cargos policiales carecen de validez administrativa. Es más, el PSOE entiende que se podría incurrir en "una grave y perseguible infracción de prevaricación".
En ese contexto, el Grupo Socialista ha pedido conocer los informes técnicos que se manejaron en el Ministerio para sacar adelante la reforma del organigrama y pide explicaciones al respecto a Interior mediante una serie de preguntas parlamentarias por escrito.
"¿Es consciente el Gobierno que cualquier acto o decisión que adopten los miembros 'rehabilitados' es nula de pleno derecho y puede ser impugnada, además de poder incurrir en prevaricación?", reza uno de los interrogantes planteados.
