Los socialistas quieren aguantar hasta el final la posibilidad de frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y, por eso, proponen modificar el decreto que aprobó el Gobierno para que recoja claramente la posibilidad de que las medidas no se pongan en marcha si, "antes de la vigencia de las mismas", el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, disuelve el Parlament y convoca elecciones autonómicas conforme a la legislación. Si no lo hace, entrarán en vigor una vez las apruebe el Senado y el acuerdo se publique en el Boletín Oficial.
Pese a que el PSOE encuentra poco lugar al optimismo, según evolucionan los acontecimientos, quieren llevar al decreto la oferta de que el 155 se suspenda si hay elecciones, que es el objetivo último del decreto del Gobierno. Y, por eso, ésta es una de las tres modificaciones que el Grupo Socialista en el Senado ha registrado a la ponencia del Gobierno que este jueves se verá en comisión y mañana se votará en el Pleno.
Además, el PSOE quiere incluir la posibilidad de que, si entran finalmente en vigor, el Gobierno module su aplicación "si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen". Y que el decreto recoja que, en todo caso, el Ejecutivo, atendiendo a esa "evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación", hará una "utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado".
Pero, además, como ya adelantó este periódico, los socialistas han presentado una enmienda sobre el control de TV3, una medida con la que no han estado de acuerdo desde el principio. El PSOE quiere eliminar del decreto del Gobierno la mención al "servicio público autonómico de comunicación audiovisual".
El acuerdo que aprobó el Gobierno el pasado sábado incluye que, en el ejercicio de las facultades de la Generalitat suspendida, "garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como con el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña".
Los socialistas quieren dejar este párrafo fuera del decreto porque consideran que el derecho de los ciudadanos a una radio y televisión públicas independientes y de calidad es algo "no sólo deseable, sino exigible", que ya garantiza el artículo 20 de la Constitución, y que debe estar en manos no del Gobierno, sino del Parlamento.
De hecho, aprovechan para recalcar que el PSOE siempre ha defendido "un servicio público de radiodifusión independiente del gobierno, plural y de calidad" y recuerdan que el Congreso acaba de aprobar una proposición de ley impulsada por su grupo para "recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.
