Carles Puigdemont tiene una obsesión: ser amnistiado. Casi nada más le importa. Sin eso no hay legislatura posible para Pedro Sánchez. Y eso fue exactamente lo que el expresidente catalán trasladó a la delegación socialista que le visitó el pasado viernes en Suiza, según ha sabido este diario por fuentes socialistas. La ley de amnistía, en vigor desde el 11 de junio y de la que ya se han beneficiado 372 personas, todavía no se ha aplicado a Puigdemont pese a que supuestamente se hizo a su medida.
Y todo porque el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación que se le imputa no está dentro de los supuestos contemplados por la norma para dejar sin efecto sus causas penales. Al final será el Tribunal Constitucional el que termine decidiendo, sin fecha clara en el horizonte, una vez que el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad relacionada con algunos delitos, como la malversación agravada y la desobediencia, que afectan directamente a la causa abierta contra el expresidente catalán.
De manera que Puigdemont mató cualquier esperanza del PSOE de regresar con un mínimo compromiso de estabilidad, al menos en el corto plazo. Los socialistas han explicado este lunes que "no hay nada nuevo" tras la cita. "Ni nada que se diferencie de los otros encuentros que hemos tenido habitualmente. Queremos que esto se trate con la mayor normalidad. Cuando se firmó el acuerdo de Bruselas, se cerró de madrugada y, a las 11.00, se staba contando. Ahora bien, desconocemos qué va a hacer Junts este jueves [cuando se vota el techo de gasto en el Congreso para los Presupuestos]", ha dicho la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña.
Pese a que el PSOE pudo lanzar a la delegación de Junts mensajes de tranquilidad respecto a que el Constitucional tiene en estos momentos una mayoría con una clara afinidad a la política socialista, lo cierto es que Puigdemont no se fía. El Gobierno sigue dando por descontado que el tribunal de garantías, presidido por Cándido Conde Pumpido -próximo al PSOE-, corregirá al Supremo porque "no hay por dónde agarrar que hubo malversación".
En lugar de amnistiar todo el delito de malversación, la ley dejó fuera a quienes hubieran buscado "un beneficio personal de carácter patrimonial". Y eso es a lo que se agarra el Supremo para intentar atar a Puigdemont e impedir que se escape por el coladero de la amnistía. La lectura del Alto Tribunal es que el Ejecutivo quería evitar un previsible revés de la Justicia europea a una amnistía total. Y por eso optó por el redactado que terminó en el BOE.
A todo esto hay que sumar que el expresidente Puigdemont está cabreado con el ascenso a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa. No le ha sentado nada bien el pacto entre Moncloa y ERC. En las últimas semanas ha alcanzado popularidad la expresión del "3-0". Una referencia futbolística para sintetizar la humillación que le ha provocado que los socialistas gobiernen la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado. Puigdemont se siente excluido (y goleado). Ni tan siquiera el juego de la huida el día de la investidura de Illa parece haberle levantado el ánimo, porque ve intolerable aún no se le haya aplicado la amnistía.
Puigdemont no está dispuesto a rendirse. Y cada día que pasa sin ser amnistiado es más factible que deje caer a Sánchez. Ya le está empezando a enseñar el camino: cada vez más sintonía con el PP en las votaciones en el Congreso. Y, aunque lejos de formar una mayoría absoluta alternativa a la que llevó a al líder socialista a Moncloa, el presidente debería tomar nota. Lo impepinable es que en la decisión de Puigdemont sobre la el futuro de la política española influirá, inevitablemente, el devenir de la amnistía.
En cualquier caso, y tras la cita del viernes, todo parece indicar que la legislatura seguirá encallada con un bloqueo legislativo importante que ya ha llevado al Gobierno a sufrir hasta 34 derrotas parlamentarias y aprobar tan solo cinco leyes y siete decretos. La llave del caos la tiene el expresidente catalán. Puigdemont, en efecto, decidió tumbar la senda de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo para recordar a Sánchez que le domina. Y parece estar dispuesta a tumbarla de nuevo este jueves. Sus siete escaños son la clave de bóveda de este segundo gobierno de coalición.
Ante ese escenario, en el PSOE se empieza a vislumbrar la posibilidad real de que la salida de la legislatura del callejón sea una nueva convocatoria de elecciones. Moncloa, no obstante, confía en poder evitar la llamada las urnas. El núcleo duro del presidente sabe que un adelanto electoral debe obedecer a un criterio de beneficio político. Y en estos momentos, con Sánchez acorralado, no es buena idea concurrir a unos comicios. Pero no es, desde luego, nada fácil integrar dentro del bloque de investidura a ERC y Junts. Los enemigos íntimos no van a darse tregua.
