Pedro Sánchez alcanzó la Moncloa aireando la bandera de la lucha contra la corrupción. Corría el año 2018, y la Audiencia Nacional había dictado sentencia sobre el caso Gürtel, condenando hasta a 51 años de prisión a 29 de los 37 acusados. El líder socialista presentó su moción de censura contra Mariano Rajoy apoyado en esa sentencia. En aquella intervención en el Congreso de los Diputados -mientras el expresidente del PP capitulaba en el restaurante Arahy-, Sánchez llegó a poner como ejemplo de comportamiento a ministros alemanes como Karl Theodor zu Guttenberg, que presentó su dimisión tras descubrirse que había plagiado su tesis.
En estos momentos, las investigaciones judiciales cercan a Sánchez por varios frentes; el caso Koldo, que afecta a buena parte de la estructura del Ministerio de quien fuera su hombre de confianza, José Luis Ábalos; las investigaciones judiciales por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez; y el caso de su hermano, David Sánchez, investigado por un juzgado de instrucción de Badajoz por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
El presidente del Gobierno, sin embargo, no tiene intención de salir de la Moncloa, y considera que las investigaciones judiciales hacia su entorno más cercano no son equiparables con la sentencia de la Gürtel -pese a que Rajoy no figuro entre los investigados ni condenados-. En un documento oficial de la Presidencia del Gobierno en respuesta al grupo parlamentario Vox se ofrece el único argumento de Sánchez para seguir en el poder pese a esta catarata de investigaciones judiciales: "El presidente del Gobierno no accedió al cargo a través de una moción de censura sustentada en una acusación de corrupción, sino en una sentencia de la Audiencia Nacional ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo".
"En consecuencia, no existe analogía con ningún procedimiento judicial en curso", añade el escrito de Moncloa en referencia a la investigación abierta contra Begoña Gómez por el juzgado de instrucción número 34 de Madrid. De esta afirmación se desprende que el presidente del Gobierno solo dimitiría si la justicia dicta sentencia contra su esposa, algo que, de suceder, tendría lugar dentro de muchos años.
Estas respuestas tienen lugar a raíz de una pregunta inscrita en el Congreso de los Diputados por un grupo de diputados de Vox: Javier Ortega-Smith, Carlos Flores Juberías y Emilio Jesús del Valle.
"Según se ha emitido en medios de comunicación, Begoña Gómez estaría siendo investigada 'por corrupción en los negocios y tráfico de influencias desde el primer día en que se incoaron esas diligencias, el pasado 16 de abril'. Teniendo en cuenta que el actual presidente del Gobierno accedió al cargo a través de una moción de censura sustentada en una acusación de corrupción, ¿qué implicaciones tiene, a juicio del Ejecutivo, y respecto a su propia credibilidad, que la cónyuge del presidente del Gobierno forme parte de un procedimiento judicial como investigada?, reza la pregunta escrita de los parlamentarios de Vox.
Querellas contra el juez Peinado
Vozpópuli ha publicado este lunes el audio con la breve intervención de Pedro Sánchez durante el interrogatorio: "Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416 (de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)". Tras mostrar su voluntad de colaborar con la justicia, el presidente del Gobierno cambió de opinión y decidió no ofrecer declaración alguna sobre los encuentros en Moncloa con Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a Begoña Gómez a montar su cátedra en la Universidad Complutense y que recibió millones de euros en adjudicaciones públicas -carta de recomendación de la esposa de Sánchez mediante-.
Tras celebrarse la diligencia en Moncloa, la Abogacía General del Estado interpuso una querella contra el juez Juan Carlos Peinado en nombre de Sánchez. En la querella se acusa al magistrado de "orientar" su actividad instructora hacia la "difusión mediática", generando perjuicios para el presidente y su esposa.
Begoña Gómez también interpuso su propia querella contra el juez, aduciendo la existencia de un presunto delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación y revelación de secretos por funcionario público. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha apoyado la admisión a trámite de la querella de la Abogacía del Estado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha registrado ambos escritos a la espera de que sean admitidos a trámite.
