Agustín Bobo de Vega. Su nombre conecta la presunta corrupción del PSOE en el caso Lezo con las supuestas subvenciones irregulares en el caso Bahía de Cádiz. Ha sido administrador de Lendir Investments SA y de Cádiz Solar Center, empresas involucradas en ambas causas judiciales. La primera es una sociedad luxemburguesa que recibió 3,4 millones de dólares de la filial mexicana de OHL para el presunto pago de mordidas a políticos; la segunda es una empresa gaditana señalada por recibir de forma fraudulenta 11 millones en ayudas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En ambos procedimientos, políticos socialistas habrían sido beneficiados.
Bobo de Vega ya declaró como imputado ante el Juzgado número 4 de Cádiz. Allí aseguró que desconocía las operaciones de las sociedades que puso a su nombre. "Venía muy bien recibir unos 800 euros cada vez que se desplazaba para firmar un documento", dijo ante la juez, según publicó La Voz de Cádiz. En la investigación se señala al empresario gallego Manuel Dávila Ouviña como presunto cabecilla del entramado que se benefició de las subvenciones del Ministerio de Industria.
Hasta ahora han sido imputados tres altos cargos del PSOE: dos por el caso OHL y uno por el caso Bahía. En la causa contra directivos y exempleados de la constructora se investigan varios contratos de obra pública adjudicados entre 2003 y 2014 en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid tras el presunto pago de comisiones ilegales a políticos. En Cádiz se investiga a una red de estafadores que recibieron ayudas para proyectos que nunca se desarrollaron, así como a funcionarios de la Diputación y de Industria que supuestamente facilitaban la concesión de subvenciones.
Caso OHL
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dirigido la investigación contra seis políticos, uno de ellos es el socialista Abelardo Genaro Moya, quien fuera gerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de la Junta de Andalucía y responsable de asignar dos de las adjudicaciones investigadas.
Genaro Moya habría cobrado 58.000 euros por amañar la gestión a la constructora de Juan Miguel Villar Mir. Según ABC, en uno de los audios de la causa se escucha a Paulino Hernández y a Felicísimo Ramos, dos exdirectivos de OHL señalados por la Fiscalía como los presuntos cabecillas de la red de sobornos, hablar del pago de comisiones al excargo de la Junta.
En la misma causa, se ha citado a declarar como imputado a Manuel Bruno, exsubdirector de Carreteras bajo el Ministerio de Fomento de Magdalena Álvarez. Habría recibido 900.000 euros en mordidas que, según ABC, destinó a la compra de una casa en el madrileño barrio de Arturo Soria a través de su esposa y una sociedad pantalla. En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez reclama al Registro Mercantil de Madrid que remita una certificación completa de la sociedad Sistemas Madrileños SL, propiedad de la mujer de Bruno.
La Audiencia Nacional sigue el rastro a una presunta mordida de 3,4 millones de dólares que, según detalla un informe de la Guardia Civil, habría sido abonada por OHL a su filial mexicana Constructora de Proyectos Viales de México de CV y posteriormente traspasada a una cuenta de la sociedad luxemburguesa Lendir Investments SA, en la que Agustín Bobo de Vega acabó siendo administrador.
El juez considera que hay indicios suficientes para sostener que dicha transferencia "podría estar encubriendo el pago de comisiones a través de un circuito financiero fuera de España". Precisamente, la investigación de la Audiencia Nacional incluye sospechas sobre la adjudicación de la Autoridad Portuaria de Cádiz a OHL de la obra de ampliación del muelle Marqués de Comillas de esta localidad por 21,7 millones.
Caso Bahía
En el caso Bahía, el investigado es el socialista Antonio Perales, exgerente del plan de subvenciones en Cádiz. La magistrada del Juzgado número 4 de la región acordó dirigir el procedimiento en su contra porque una cuarta parte de las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz terminó en las sociedades del mismo empresario gallego, Alejandro Manuel Dávila Ouviña, quien nunca desarrolló los proyectos.
Perales, que declaró como imputado en 2012, aún está a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial. La Policía aseguró en sus conclusiones que no hubo "enriquecimiento aparente" por parte de Perales, pues su patrimonio habría sido "adquirido con anterioridad", según publicó El Diario de Cádiz. Tras comparecer, la juez le dejó ir en libertad, pero mantuvo su imputación.
Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, las subvenciones investigadas fueron asignadas en 2009 y 2010. Tres empresas están en el centro de las pesquisas: Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucia. Todas fueron agraciadas por el Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz.
Cádiz Solar
Bobo de Vega, el presunto testaferro de Cádiz Solar Center, confesó ante la juez de instrucción que cobraba entre 600 y 800 euros cada vez que iba a la notaría a registrar las empresas del entramado. Sin embargo, negó conocer la actividad de las sociedades que registró a su nombre. Los auténticos dueños de estas compañías facturaron hasta 20 millones de euros en ayudas.
Este periódico se ha puesto en contacto con un portavoz de OHL, que ha asegurado que el grupo mantiene una "política de tolerancia cero con la corrupción" y han insistido en que desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, "ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción".
