El expresidente catalán Carles Puigdemont se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años de prisión en caso de que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso independentista, Pablo Llarena, aceptara su entrega sólo por el delito de malversación de caudales públicos, tal y como ha decidido este jueves el tribunal alemán de Schleswig-Holstein.
Según establece el Código Penal, la pena más grave por malversación oscila entre los cuatro y los ocho años de cárcel, pero la legislación contempla una condena agravada a 12 años si el perjuicio causado excediere de 250.000 euros.
Dado que los informes que la Guardia Civil ha ido entregando al juez Llarena en los últimos meses elevan el dinero público desviado para la organización del denominado 'procés' a más de 4 millones de euros, sería previsible que una de las acusaciones personadas en la causa, ya sea la Fiscalía o la acusación popular que ejerce Vox, pidiera la máxima condena para Puigdemont.
En cualquier caso, una vez que el tribunal alemán ha tomado una decisión y autoriza la entrega sólo por malversación de caudales públicos, el magistrado del Supremo es el que debe decidir si lo acepta o no, ya que él había solicitado la extradición por rebelión o sedición.
Aunque el tribunal alemán ha emitido un comunicado público de su decisión, a mediodía de este jueves el juez Llarena aún no había recibido comunicación oficial de los magistrados, según han informado fuentes jurídicas. Una vez que la tenga, se traducirá al español y el magistrado decidirá.
Más de 30 años para los consejeros
Si Llarena dijera que sí, podría producirse una imagen insólita en los próximos meses: ver a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados enfrentándose a una pena máxima de 12 años, mientras a su lado los que fueron su vicepresidente Oriol Junqueras y sus exconsejeros podrían ser condenados a más de 30 años de cárcel al acumular los delitos de rebelión y malversación.
Si el magistrado diera su visto bueno a la entrega del expresidente, las autoridades alemanas pondrían a Puigdemont a disposición del alto tribunal, donde podría someterse a una 'vistilla' en la que lo más probable es que las acusaciones, ya sea el Ministerio Público o Vox, pedirían su ingreso en prisión provisional, ya que, tras ocho meses y medio huido, el riesgo de fuga del expresidente catalán es más que evidente.
Recuperaría su escaño
Aunque Puigdemont fuera enviado a prisión hasta la celebración del juicio --cuya fecha debe ser señalada por la Sala de lo Penal del Supremo--, se daría otra situación insólita, y es que, al estar acusado únicamente por malversación, podría recuperar su escaño en el Parlament.
El expresidente catalán no podría ser suspendido de cargo público, ya que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que suspende a los cargos públicos contra los que se haya dictado prisión provisional y que estén procesados por terrorismo o rebelión.
Llarena dictó un auto precisamente el pasado lunes en el que concluía la investigación del 'procés' y acordaba la suspensión temporal de seis procesados por rebelión. La cifra se reduciría a cinco si finalmente Puigdemont es juzgado únicamente por malversación.
El juicio por malversación podría no ser la única vez que Puigdemont tenga que responder ante la justicia española. La opción de acusarle de rebelión aún estaría abierta, y es que la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE establece en su artículo 92 que 45 días después de que una persona sea puesta en libertad definitiva ésta puede volver a ser procesada por un delito distinto, siempre y cuando continúe en España.
