Una de las paradojas de esta aplicación del artículo 155 de la Constitución es que no puede inhabilitar ni a Carles Puigdemont ni a los miembros del Govern de forma inmediata. Su destitución puede ser recurrida ante los tribunales, que por tratarse de un delito de rebelión o sedición iría a la Audiencia Nacional. Pero en cualquier caso, su caso podría tardar más tiempo de lo esperado en dirimirse.
Por otra parte, al contrario de lo que algunos han entendido de las palabras del presidente del Gobierno, el Ejecutivo no ha destituido a Josep Lluís Trapero, major de los Mossos d'Esquadra. Trapero, por tratarse de un cargo de confianza, no puede ser destituido ahora, pero sí podría hacerlo el Ministerio de Interior a través de su máximo responsable, Juan Ignacio Zoido, o de alguno de su equipo.
Por otra parte, aunque se tratara de una situación hipotética, podría darse que tanto Carme Forcadell, en calidad de expresidenta del Parlament, como el propio Puigdemont podrían solicitar la paga de la Generalitat por ex alto cargo.
En total, son 141 cargos de todas las consejerías los que tienen que abandonar el Govern. Forman parte de Diplocat, del Consell Executiu, de las consellerias y de otros organismos. Son cargos de confianza o asesores muchos de ellos y cesan con el cese de su jefe.
