El Estado, esto es, los dos partidos que gobiernan y han gobernado España durante los 40 años de democracia, PP y PSOE, se han puesto de acuerdo en salir de la crisis catalana con la menor sobreactuación posible. Palo y zanahoria.
Por un lado, puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución con ocho días de plazo -hasta el jueves 19 a las 10:00 de la mañana- para que Carles Puigdemont se desdiga de su declaración de independencia; y, por otro, oferta de reforma constitucional a iniciar dentro de seis meses para atraerle a él y, sobre todo, a lo que quede en su partido, el PDeCat, del antiguo catalanismo moderado. Ciudadanos recela, pero no se va a oponer por sentido de Estado, aunque en la tramitación de la reforma de la Carta Magna Albert Rivera anunció ayer que se se opondrá abiertamente a nuevos privilegios a los nacionalistas.
Los dos actores principales, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, quienes durante las últimas semanas han mantenido muchos contactos en persona y por teléfono, se repartieron ayer los papeles. Rajoy compareció en La Moncloa tras un Consejo de Ministros que aprobó el "requerimiento" a Puigdemont para que cese en su desafío, so pena de ser suspendido en sus funciones; y, acto seguido, el líder socialista hizo lo propio en Ferraz para anunciar que la comisión de reforma del modelo territorial de España trabajará seis meses y luego se pondrá en marcha la ponencia de reforma de la Carta Magna de 1978.
Igual que el presidente de la Generalitat renunció el martes a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) inmediata y se decantó por una suspenderla "unas semanas" para "negociar" con el Ejecutivo central, el Gobierno va a aplicar el artículo 155 de la Constitución de forma abierta, pidiéndole que "aclare" en qué consiste lo que declaró el martes por la noche el Parlamento de Cataluña. Sin estridencias ni lenguaje de ultimátum.
Rajoy y Sánchez están de acuerdo en ahondar la brecha del independentismo con el 'caramelo' a Puigdemont y al PDeCat de una reforma constitucional que empezará dentro de seis meses
Los líderes de los dos grandes partidos concluyeron el martes por la noche a solas en La Moncloa que Puigdemont, bien motu proprio, bien porque hasta siete diputados del PDeCat -con el consejero Santi Vila a la cabeza- amenazaron con no respaldarle, ha empezado a frenar en la alocada ofensiva secesionista. Y, por tanto, no hará falta aplicar el 155.
Porque Puigdemont sabe que la legislatura catalana está concluida porque su socio parlamentario, la CUP, ya le ha retirado el apoyo y no le queda más remedio que adelantar las elecciones autonómicas para salir del marasmo; con él de candidato del PDeCat a la Generalitat o sin él -ha dicho que no volverá a serlo-, "es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia", dijo Rajoy ayer ante el Pleno del Congreso.
Para ello, PP y PSOE están dispuestos a ponerle una "pista de aterrizaje" con esa comisión de estudio de la reforma territorial a la que los socialistas quieren a toda costa que vaya Puigdemont. El PDeCat no lo descarta, pero ERC ya ha dicho -y ayer volvió a reiterarlo su portavoz en el Congreso, Joan Tardá- que no está dispuesta.
Eso complica las cosas porque las encuestas dicen que el actual vicepresidente de la Generalitat y candidato de esa formación, Oriol Junqueras, tiene todas las papeletas para ganar esos comicios y ser el próximo presidente catalán, pero Pedro Sánchez está convencido de que si la reforma constitucional fructifica, ERC acabará sumándose.
"Estamos dispuestos a participar activamente en esa comisión", dijo ayer el presidente del Gobierno, para quien los trabajos deben empezar "ya", a fin de que dentro de medio año se ponga en marcha la ponencia en la Comisión Constitucional del Congreso que empiece la reforma efectiva.
