La ley de amnistía, tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados por 177 a favor y 172 en contra, enfila ahora un rumbo con parada en el ámbito judicial, dado que serán los tribunales de justicia los que tengan que modular a partir de ahora su aplicación con el marco constitucional como referencia inexcusable.
Pero el trámite burocrático de su publicación no permitirá tampoco que la aplicación de la norma se produzca de forma inmediata, algo que solo es posible una vez ha sido sancionada por el jefe del Estado y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y en este sentido hay una circunstancia que puede demorar la entrada en vigor del articulado unos días: el viaje programado de Felipe VI a El Salvador para asistir a la toma de posesión, este sábado 1 de junio, de Nayib Bukele como reelegido presidente del país centroamericano.
La previsión es que el Monarca regrese a España el domingo 2 de junio.
Esta circunstancia podría demorar la publicación oficial en el BOE de la nueva ley (para lo que es imprescindible la rúbrica del Monarca) y, en consecuencia, la aplicación de la misma.
Sin fecha precisa
Por tanto, la publicación en el BOE se producirá a partir de la próxima semana.
Tras la aprobación definitiva por parte del Parlamento de la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo socialista, habrá además que esperar a que sea publicada previamente el Boletín Oficial de las Cortes, como es preceptivo, un proceso que puede dilatarse en torno a una semana, de acuerdo con los tiempos empleados por las Cámaras para cumplimentar este tipo de trámites.
Con todos esos condicionantes no se apunta una fecha estimada para la publicación en el BOE pero en cualquier caso será en un máximo de quince días, lo que abre la opción de que se publicación definitiva y entrada en vigor coincida en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio, o que la entrada en vigor de la ley se produzca inmediatamente después de los comicios.
Lo que sí recoge el propio texto de la ley en su disposición final es que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Del modo que sea, Carles Puigdemont y los cientos de potenciales beneficiarios de la ley tendrán que esperar un par de semanas.
