"Si tú preguntas, nadie sabe en qué consiste el problema del Tíbet, pero cuando los informativos del mundo entero vieron arder a monjes budistas para protestar contra Pekín, la imagen de China se hundió". Esta reflexión tan gráfica la formuló hace escasos días un alto cargo del PP a propósito de la que se avecina para España si finalmente Cataluña entra en un proceso de autodeterminación, referéndum incluido.
No estaba hablando del problema jurídico, que como tal está controlado por el Tribunal Constitucional, en fase de ejecución de su sentencia contra el procés, y por la Fiscalía General del Estado, que vigila a la Generalitat para que no pueda ni convocar concursos para contratar las urnas ni forzar a sus funcionarios a participar en una consulta a todas luces ilegal.
Se trata de un problema de imagen, reconocía esta fuente, que inquieta ciertamente a buena parte de la clase dirigente española. Hay temor a que el descontrol en esa autonomía o, mejor dicho, el control por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las CUP de la agenda independentista, por incomparecencia de un PDCat en riesgo de desaparición, acabe de forma inexorable en un conflicto civil de dimensiones desconocidas pese a la aparente paz civil.
De ahí la rotundidad con la cual se expresan en estos días todos los responsables gubernamentales y populares, de Rajoy para abajo. "No queremos en la CNN una imagen de guardias civiles retirando urnas en colegios electorales", añade esta fuente a Vozpópuli, que tiene claro que el simulacro de referéndum del 9 de noviembre de 2014 no se puede volver a repetir, pero no sabe cómo hincarle el diente.
Hay soluciones extremas, como la que ha llegado a proponer en privado el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, de incautar las urnas en los almacenes donde las aloje la Generalitat. No todos en el Ejecutivo lo ven, pero sí coinciden en que algo o "todo" tendrán que hacer para defender la legalidad frente al "golpe de Estado" que pretenden Carles Puigdemont y su gobierno.
