"Se está empezando a hablar". Así de contundente se ha mostrado Idoia Mendia, secretaria general del PSE, sobre la negociación entre el País Vasco y el Gobierno de España para la transferencia de las competencias de Seguridad Social y Prisiones. Ambas, recogidas en el acuerdo de Gobierno del PNV y el PSE que mantiene a Urkullu en Ajuria Enea. Y las dos formaciones vascas lo repiten en privado. El acuerdo presupuestario del PNV con el PP llevaba implícito, aunque no en negro sobre blanco, el compromiso de ceder también en lo que refiere a la Seguridad Social.
El acuerdo sobre el Cupo, las inversiones millonarias de hasta 5.000 millones y la palabra de llevar el TAV a Euskadi lo antes posible han sido, por lo tanto, solo el aperitivo del mordisco que los nacionalistas han dado en la negociación. Detrás hay también una voluntad política de arañar competencias al Estado para recabarlas en el gobierno autonómico.
El argumento del Gobierno vasco, cierto por otra parte, es que las competencias están recogidas en el Estatuto de Gernika, aprobado por el Congreso de los Diputados en los albores de la democracia. Pero estas competencias, que afectan al menos en lo que refiere a la Seguridad Social afecta a la solidaridad entre comunidades y ciudadanos, no han sido nunca transferidas a ninguna autonomía.
Política penitenciaria
El acercamiento entre los dos Gobiernos también ha propiciado que un sector del PP esté dispuesto, viendo de reojo que en el CIS el terrorismo etarra ya ni aparece entre las preocupaciones de los españoles, a bajar el pistón. Aunque en este caso, el debate interno de la formación de Mariano Rajoy es profunda y no quieren mover las piezas de una forma significativa hasta que la constancia de que ETA se ha disuelto definitivamente sea un hecho. Pero sí que reconocen en privado que la situación en Euskadi ha cambiado y que tarde o temprano el Gobierno deberá abrir el 'melón' de los presos etarras.
