El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha enviado al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ocho teléfonos móviles del expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, para que los repare con la intención de acceder a la información que puede haber relacionada con el procedimiento, según un auto de 14 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Autorizar la remisión de los efectos que se relacionan a continuación al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para realizar los estudios periciales correspondientes sobre cada uno de ellos, contemplando las actuaciones necesarias para la reparación de los dispositivos que se encuentren dañados", especifica el auto que pide a los agentes que procedan "al volcado" de los datos para después analizar la información almacenada.
Además de los ocho teléfonos de González, el juez remite al Servicio de Criminalística otros ocho terminales del presunto testaferro de González y ahora arrepentido, Edmundo Rodriguez Sobrino (1), María Fernanda Richmond (2), Patricio Rodríguez Revuelta (2), Clarisa Guerra Soto (2) y Jaime Antonio Antoñazas de Toledo (1).
Dispositivos en mal estado
Por el mal estado de conservación de los dispositivos, el juez acuerda que se realice una copia de seguridad para que se custodie en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
En el mismo sentido, el juez Diego de Egea ha dictado una providencia el 14 de junio en la que rechaza devolver tres discos duros externos al imputado José Juan Caballero Escudier, uno de los empresarios relacionados con la empresa Tecnoconcret, con la que Ignacio González habrá cobrado del Canal de Isabel II por la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid, "dado que no han podido ser clonados", especifica la resolución judicial.
El instructor tampoco accede a devolver un disco duro de Apple a Pablo Manuel González González, hermano del presunto cabecilla de la red Lezo, porque pese a haber sido clonado los agentes no pueden acceder "al contenido de la copia de trabajo".
Declaran los pagadores
Por otra parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha habilitado dos días (este martes y jueves) para interrogar por videoconferencia a los empresarios brasileños Sebastiao y Alessandro Cristovam, según una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, que especifica que los imputados prestarán testimonio desde la Embajada de España en Brasilia.
Según el arrepentido Diego García, que reconoció haber repartido 5,4 millones de euros por la compra de la brasileña Emissao, Sebastiao Cristovam le pidió 32 millones por la compra y se comprometió a pagar 6 millones en comisiones. Pero García ofreció menos dinero y se rompió la negociación.
Pasado un tiempo, según la declaración de Diego García, Cristovam le volvió a llamar y se reunieron en persona, cuando éste le escribió en una servilleta su última oferta, 29 millones, que García aceptó.
En ese momento, Cristovam le advirtió de que al ser la venta de menor cuantía no le podía pagar 6 millones en mordidas, sino 5,4 millones, a lo que García aceptó también.
