La coalición entre el PSOE y Unidas Podemos afronta la mayor crisis política de su corta vida en plena epidemia de coronavirus. La revuelta de una parte del socialismo y de varios ministros del Gobierno contra el acuerdo firmado con EH Bildu ha puesto a Pedro Sánchez entre la espada y la pared.
La presión interna en el PSOE, que ha guardado las formas de cara a la galería, ha ido en aumento a lo largo del día para que el presidente del Gobierno tome alguna decisión, según ha sabido Vozpópuli. Sánchez dio el visto bueno al pacto con Bildu, pero La Moncloa culpa a los responsables del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra y Rafael Simancas, por suscribir un documento cuyo contenido no revisaron con el Gobierno. Los barones, por su parte, exigen la ruptura del pacto con la izquierda abertzale.
El acuerdo con Bildu, jaleado por Unidas Podemos, le ha costado a Sánchez la ruptura del único foro que ha funcionado durante la emergencia sanitaria. La CEOE ha suspendido el diálogo social con el Gobierno y los sindicatos ante lo que considera una traición. La patronal califica de "grave irresponsabilidad" el anuncio de una derogación "íntegra" y fulminante de la reforma laboral. Ni la "aclaración" del Grupo Socialista sobre que no habrá derogación ahora, ni las conversaciones de Sánchez con la CEOE han apaciguado los ánimos de los empresarios.
Calviño estalla
Casi en paralelo, los ministerios económicos han estallado contra el acuerdo PSOE-Podemos-Bildu, que no conocían en su literalidad cuando se hizo público en la noche del miércoles. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha liderado el malestar creciente en el seno del Consejo de Ministros.
Calviño intervino en la rectificación del PSOE ante las llamadas de los empresarios. La número tres del Gobierno recordó en sus gestiones que España perderá el acceso a las ayudas europeas que ella negocia en Bruselas si se toca la legislación laboral. Calviño ha calificado como "absurdo y contraproducente" generar "inseguridad jurídica". Centenares de miles de trabajadores están acogidos a Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) por el parón de la actividad económica para hacer frente al virus.
"Los contribuyentes nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos, así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad: recuperar la actividad económica y apoyar a las empresas y trabajadores (...). Las empresas tienen que jugar un papel clave en la recuperación y cuentan con el apoyo del Gobierno", ha afirmado Calviño durante su intervención en un foro organizado por el Cercle de Economía.
El otro frente del incendio que rodea a Sánchez es en el PSOE. El gesto apadrinado por Pablo Iglesias para recuperar terreno por la izquierda tras los acuerdos con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma ha supuesto un coste difícil de asumir por el partido. El acuerdo con Bildu, más allá del guirigay laboral, sigue en pie. Y se critica por innecesario.
"Algo tendrán que hacer porque estamos haciendo el ridículo", dicen fuentes socialistas.
Problemas para Lastra
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pedido seguir la senda de los acuerdos puntuales con Ciudadanos. Mientras que el entorno del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado lo mismo, pero con otras palabras: volver al punto anterior al acuerdo con Bildu.
Lastra y Simancas están en el punto de mira por lo ocurrido en la negociación a tres bandas entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu. Tal y como ha adelantado este diario, Sánchez ha abroncado a Lastra por firmar el documento sin revisar a fondo su contenido, ni consultarlo con los ministros del Gobierno. Según fuentes conocedoras de la negociación, la portavoz socialista avaló el pacto sin detenerse en su literalidad y se lo hizo llegar a Sánchez. Los ministros conocieron el acuerdo al hacerse público.
Nadie en el PSOE ha hablado de tomar medidas drásticas de momento. Y los más fieles a Sánchez creen que se está siendo injusto en las críticas a la portavoz socialista en el Congreso. "Al final, es la decisión del secretario General", admiten desde una federación socialista.
