El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colocado a España en el centro de las preocupaciones de la Unión Europea. A la gestión de la pandemia del coronavirus, que la mayoría de países de la Unión considera desastrosa, se ha unido ahora la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes europeas consultadas por Vozpópuli aseguran que la suma de los dos factores puede amenazar los 140.000 millones que corresponden a nuestro país del fondo de rescate.
España ha encendido las alarmas de Bruselas. La preocupación, tal y como ha venido informando este diario, era un hecho desde hace semanas. Pero los acontecimientos de los últimos días han convertido el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno que arranca este jueves en una cita compleja para Sánchez.
La agenda del encuentro es variada y abarca diferentes temáticas de política internacional. Pero los fondos y la evolución de la covid-19 en el continente siempre han tenido un hueco en las últimas citas del Consejo, y se da por hecho que el tema volverá a estar sobre la mesa de los 27.
El Gobierno sostiene que la reforma del CGPJ, que la oposición califica de atropello a la separación de poderes, es un asunto interno que nada interesa en Europa. Fuentes de la Moncloa enmarcan esta modificación en un proceso parlamentario que cumple escrupulosamente la legalidad en tiempo y forma. Pero la sensación en las principales instituciones de la Unión y en algunos gobiernos es otra. Y en el ánimo de los dirigentes europeos pesa la seguidilla de artículos e informaciones negativas sobre España en la prensa internacional.
La Comisión esquiva el CGPJ
Vozpópuli ha tratado sin éxito de recabar una opinión de la Comisión Europea sobre la propuesta de PSOE y Unidas Podemos. El silencio de los portavoces de la Comisión es inusual, porque lo normal es que despachen estas peticiones de comentario con un "se trata de un asunto interno de un país miembro".
Lo que está en cuestión es si la reforma de Sánchez vulnera los principios del Rule of Law Mechanism (Mecanismo de Estado de Derecho) de la Unión Europea. Uno de los acuerdos del Consejo Europeo de julio para el reparto de fondos fue la introducción de esta cláusula de respeto a los principios de la Unión y la separación de poderes como salvaguarda para liberar el multimillonario paquete de ayudas. Este mecanismo se introdujo a petición de Alemania con el apoyo de los principales países de la Unión.
La propia jefa española de la delegación socialista en Europa, Iratxe García, defendió hace unos días ante el Pleno de la Eurocámara la necesidad de vincular los fondos al cumplimiento del Rule of Law. "Tenemos que ser muy cuidadosos con la salud de nuestras democracias, porque con el auge de los populismos, el riesgo se extiende por todos nuestros países", dijo García.
El mecanismo no estaba pensado inicialmente por el caso español, sino más bien por Hungría y Polonia. Bruselas se ha enfrentado a estos dos países por algunas medidas que califica de "iliberales". Lo que busca este mecanismo es evitar que una lluvia de millones permita a determinados gobiernos perpetuarse en el poder a cambio de nada. La reforma de Sánchez ya ha encontrado eco en el Gobierno polaco, que se enfrenta a un proceso sancionador por una controvertida iniciativa para controlar el nombramiento de los jueces. El viceministro de Exteriores polaco, Pawel Jablonski, ha preguntado en Twitter si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, intervendrá a España en caso de que prosperen los cambios propuestos por Sánchez.
Qué es el 'Rule of Law'
Fuentes de la Moncloa insisten en que la reforma del CGPJ nada tiene que ver con este mecanismo. Y aluden al reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE. El sistema judicial español salió bien puntuado, sin reproches como los que se realizan a Hungría y Polonia, y con la mención como advertencia del bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Llevo años denunciando la politización de la justicia en España, y ahora toca alzar la voz.
La reforma del CGPJ que quiere el Gobierno no solo nos aleja de los valores democráticos de la UE, sino que puede impedirnos recibir el fondo europeo de recuperación del Covid. pic.twitter.com/aWryQJ4m66
— Luis Garicano ???? (@lugaricano) October 14, 2020
Sin embargo, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha advertido de que España está arriesgando su acceso a estos fondos con el planteamiento del Gobierno de coalición. El comentario de Garicano no se puede tomar a la ligera, según estas fuentes. El portavoz naranja ha jugado un papel muy relevante en el diseño de los fondos y además es una de las voces autorizadas del grupo de los liberales europeos Renew Europe.
Esta familia reúne a algunos de los primeros ministros más críticos con España como Holanda. El partido del presidente francés, Emmanuel Macron, también está integrado en este grupo. Y eso quiere decir que los países del norte pueden volver a la carga contra España aprovechando la puerta que ha abierto Sánchez con el Poder Judicial. Sánchez enfrenta además un grave problema reputacional con decenas de informaciones críticas en la prensa internacional.
"Las embajadas están siendo muy críticas con Sánchez en sus telegramas", dicen fuentes diplomáticas. "Y en estos países europeos donde hay un respeto institucional muy escrupuloso sorprende ver a una presidenta regional (Isabel Díaz Ayuso) acusando el presidente del país de tener tics autoritarios en el Financial Times. Aquí se entiende como parte de la lucha partidista, pero en Bruselas genera una enorme preocupación".
Retraso en la llegada de los fondos
Lo que sí admite el Gobierno español es que el debate entorno al mecanismo del Rule of Law puede retrasar la llegada de los fondos. El pulso entre las instituciones europeas (Consejo, Comisión y Eurocámara) está retrasando el acuerdo. El Parlamento exige un control efectivo de calidad del Estado de Derecho para liberar el dinero y no meros compromisos retóricos como plantea el Consejo. España y otros países apuestan por un pacto de mínimos que se pueda desarrollar más adelante. El objetivo, según explican desde la Moncloa, es que el Rule of Law no acabe convirtiéndose en un obstáculo insalvable que perjudique el bien mayor: la llegada de fondos a los países más castigados por la pandemia.
España ha estado permanentemente en el punto de mira de los países del norte, que exigen reformas claras y compromisos de reducción de deuda al Gobierno de Sánchez. Y el Estado de Derecho puede ser la excusa que encuentren para presionar a nuestro país y aumentar la vigilancia sobre el destino de esos fondos. Si las instituciones europeas entienden que la reforma del Poder Judicial merma el Estado de Derecho español, la llegada de los fondos se verá afectada tanto en su condicionalidad como en la cantidad de dinero que se reciba.
El Gobierno ha comprometido 27.000 millones de los fondos para los próximos presupuestos. Y Sánchez anunció un gasto de 72.000 millones de estas ayudas en los próximos tres años, según explicó en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó hace una semana.
