Hay malestar sordo en el PSOE contra el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 por el "agravio comparativo" que va a suponer esa lluvia de millones en Cataluña -un 66,8% más de inversión respecto a este año- que pone "muy difícil" la campaña electoral del 26 de mayo.
Pedro Sánchez lo sabe y no quiere correr el riesgo de que los periodistas locales hagan preguntas incómodas a los 84 diputados del Grupo Socialista ni que estos -muchos críticos con el sanchismo- ofrezcan respuestas inoportunas hacia la estrategia de diálogo de La Moncloa con el Govern la Generalitat presidido por Quim Torra.
Así que este año la tradicional rueda de prensa de los parlamentarios en cada una de las 52 capitales de provincia se suspende. La dará en su lugar el subdelegado del Gobierno, garantía máxima de que "nadie se saldrá del guión", dicen los más suspicaces, y se venderán "a gusto de La Moncloa" las inversiones del Estado en el territorio.
Sólo el crítico Lambán, al que le suben un 34% la inversión en Aragón, ha salido en Twitter a defender los presupuestos generales del Estado 2019
Tampoco es que barones críticos, alcaldes, mucho menos los diputados -solo el sevillano Antonio Pradas cuestionó a puerta cerrada la decisión- hayan dicho en público esta boca es mía. Por conveniencia, porque su territorio no ha quedado tan malparado, o por resignación, todos parecen estar en la misma tesis que ha llevado a Susana Díaz al suicidio en las elecciones andaluzas: aguantar al tirón a ver que pasa. "También es cierto que ahora no se entendería otra cosa", admite un alcalde.
Y además es verdad que la opinión no es unánime: Por ejemplo, uno de los críticos habituales con Sánchez, el presidente de Aragón, Javier Lambán, sacaba pecho este martes en Twitter:
En los PGE de 2019, la inversión del Estado en Aragón pasa de 407 a 539 millones, un 32.54% de aumento. La media de España ha sido de un 15.68%. Somos la quinta comunidad en incremento presupuestario. Es nuestra mejor dotación de inversiones desde 2011. Esta es la verdad pic.twitter.com/YMYYwPEY4s
— Javier Lambán (@JLambanM) January 15, 2019
Contrasta esta actitud de Lambán con el silencio tuitero de Díaz respecto al presupuesto -y eso que en Andalucía sube la inversión un 44%- o el del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuya comunidad va a recibir solo un 27,5% más en plena polémica por el desastre ferroviario.
También está mudo en redes Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que en 2019 verá incrementadas las inversiones del Estado en un 8,13%. En Madrid solo sube un raquítico 0,16% después de que el Estado ha rescatado por valor de miles de millones las autopistas radiales de peaje, un argumento que no acaba de convencer al PSM.
No obstante, la situación de los anteriores nada tiene que ver con otras. Quienes realmente van a tener complicado justificar en sus comunidades el agravio catalán son el PSE, el PSOE de la Rioja, Cantabria o Baleares, donde la inversión del Estado no es que suba... baja.
"Lo mejor que nos puede pasar" es que este Presupuesto no pase el debate de totalidad y las medidas "sociales" se aprueben por decreto, dicen en privado algunos socialistas
Así que no son pocos en el PSOE llegan a decir que "lo mejor que nos puede pasar" es que el presupuesto sea tumbado por PdeCat y ERC en el debate de totalidad en el Congreso, a principios de febrero; porque, si no, PP, ciudadanos y Vox tienen "media campaña electoral hecha" a base de explotar el agravio.
"Al fin y al cabo", señala a Vozpópuli un diputado consultado, "las medidas sociales, las que interesan a nuestro votante: la subida de la pensión, el sueldo de los funcionarios, la dependencia o la recuperación de subsidio de desempleo para mayores de 52 años, se van a aprobar de todas formas por decreto ley o real decreto" porque PdeCat y ERC ya han dicho que para eso sí darán su apoyo.
No así para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez, al que los críticos socialistas siguen viendo dispuesto -por más que la ministra de Hacienda haya dicho que no- a hacer "lo que sea", hasta crear la comisión sobre autodeterminación que exige el independentismo catalán, con tal de no verse obligado a convocar elecciones generales este año.
