Desde que el rey Felipe VI descartó proponer a Pedro Sánchez como candidato a un segundo debate de investidura, con la maquinaria de precampaña activada y en poco más de dos semanas, el Gobierno lleva comprometidos cerca de 6.000 millones de euros de gasto a pesar de estar en funciones.
El grueso de esa cantidad corresponde a las entregas a cuenta que el Gobierno adeuda a las Comunidades Autónomas, casi 4.800 millones de euros. A los que hay que añadir 300 millones para las empresas y trabajadores afectados por la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, otros 774 millones en ayudas para paliar los efectos de los incendios y temporales de gota fría que sacudieron distintas regiones de España este verano, y otras medidas de menor cuantía, como financiar un medicamento para dejar de fumar o ayudas a ONG’s.
“En todos los casos, el interés general y el carácter de urgencia son manifiestos”, aseguraba este viernes la ministra portavoz, Isabel Celáa
La promesa de liberar los fondos a las comunidades autónomas la efectuó públicamente el propio Pedro Sánchez el pasado miércoles durante un mitin en Valencia, lo que provocó airadas reacciones de varios barones del Partido Popular. “Es una vergüenza que el Gobierno utilice la financiación autonómica con fines electoralistas”, criticó el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.
PP y Ciudadanos quieren que el gobierno explique cómo y por qué el Ministerio de Hacienda va a pagar ahora unos fondos que, a pesar de las reiteradas quejas de las comunidades autónomas, tenía bloqueados desde hace meses. La ministra María Jesús Montero alegaba que, según un informe de la Abogacía del Estado, no podía realizar las entregas a cuenta porque eso conllevaría "exceder el despacho ordinario de asuntos públicos” al que se encuentra limitado un Gobierno en funciones.
Ante la repetición electoral de noviembre, el Gobierno de Sánchez esgrime ahora que liberar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas no compromete al futuro Ejecutivo porque es improbable que se conforme uno antes de que concluya el año actual. No obstante, y a pesar de la promesa de Sánchez, el Consejo de Ministros está pendiente de un nuevo informe de la Abogacía del Estado que avale esta tesis para encontrar la "fórmula jurídica" que permita actualizar definitivamente los pagos a cuenta.
Los límites de un Gobierno en funciones
En su artículo 21, la Ley 50/1997 pone coto a las tareas y medidas que puede aprobar un Ejecutivo en funciones: "Limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia y debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
Según precisó en una sentencia el Tribunal Supremo, un Ejecutivo en funciones debe abstenerse de aprobar medidas o actos que puedan condicionar, comprometer o impedir aquellas que deba fijar el nuevo gobierno.
Thomas Cook y gota fría
El desbloqueo de los fondos a las comunidades autónomas es la penúltima promesa de gasto efectuada por el Gobierno en funciones durante las primeras dos semanas de precampaña. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, adelantó el jueves que el Consejo de Ministros aprobará mediante un real decreto “urgente”, el próximo 11 de octubre, una batería de medidas por valor de 300 millones de euros para las empresas y trabajadores afectados por la quiebra de Thomas Cook.
Además, en el primer Consejo de Ministros posterior a la última ronda de consultas efectuada por el Rey, el pasado 20 de septiembre, el Gobierno en funciones aprobó por decreto un paquete de ayudas de 774 millones de euros para los territorios afectados por los incendios y los temporales de gota fría del pasado verano.
“En todos los casos, el interés general y el carácter de urgencia son manifiestos”, aseguraba este viernes al término del último Consejo de Ministros la ministra portavoz, Isabel Celáa, para defender las medidas aprobadas por el Gobierno a pesar de estar en funciones. Una rueda de prensa en la que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también dejó abierta la puerta a aprobar ayudas para los sectores afectados por los nuevos aranceles de Estados Unidos.
Gasto social
El Gobierno en funciones también ha aprobado o prometido en las últimas dos semanas otras medidas que contemplan un gasto menor. El Consejo de Ministros aprobó el 20 de septiembre otro decreto que libera 5 millones de euros destinados a asociaciones que trabajan con personas con daño cerebral, discapacitados o autismo.
Por su parte, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha aprobado financiar un medicamento para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco y que tiene un coste de entre 307 y 385 euros por usuario. Sanidad estima que, de entrada, este fármaco podría llegar a unos 70.000 fumadores, lo que supondría una inversión cercana a los 30 millones de euros.
