El Gobierno ha cambiado el guion en la negociación del estado de alarma. Si hace dos semanas Pedro Sánchez aseguraba que su compromiso "discrecional" era pedir cada prórroga por 15 días para rendir cuentas en el Parlamento, el presidente ha filtrado ahora la idea de solicitar al Congreso un mes de plazo.
El objetivo que se persigue es doble. Por un lado, la prórroga de un mes, que comenzaría a ser efectiva a partir del 25 de mayo, permitirá a Sánchez asegurarse que España estará en estado de alarma hasta el final del proceso de 'desescalada', previsto para finales de junio en el peor de los casos.
Por otro, el Gobierno se aseguraría el mando único ante un creciente malestar de las comunidades autónomas, que están actuando cada una por su cuenta en esta salida progresiva al desconfinamiento impuesto para frenar el avance del coronavirus.
Negociación temprana
El Gobierno ha iniciado mucho antes que en anteriores ocasiones la negociación con los grupos parlamentarios de la quinta prórroga del estado de alarma. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dialogado con los portavoces de varios partidos, incluido el PP, a lo largo del martes, mientras que Sánchez se ha entrevistado con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el marco del diálogo permanente que acordaron mantener hace una semana.
Lo más sorprendente del caso es que en ninguna de esas conversaciones se ha mencionado el mes de prórroga, a pesar de que se ha publicado en el diario El Confidencial a primera hora de la tarde. El partido naranja, por ejemplo, niega que Sánchez haya mencionado a Arrimadas la extensión de 30 días en lugar de los 15 habituales.
Asimismo, el entorno de Calvo ha trasladado a Vozpópuli que la vicepresidenta ha hablado con los grupos de su "posición ante la 'desescalada'", pero no de plazos. Es decir, se da por cierto lo que nadie confirma oficialmente que sea cierto.
La ampliación de la prórroga permitiría al Gobierno llevar el estado de alarma hasta el final del plan de 'desescalada', que se prevé para finales de junio. Una de las razones que esgrime el Gobierno es el descontrol en algunas comunidades autónomas en esta fase final. Algunas autonomías, como Valencia, han criticado la "arbitrariedad" del Gobierno a la hora de decidir quién pasa y quién no de fase. La mitad del país avanzó este lunes a la llamada fase uno, en la que el Gobierno ha permitido la reapertura controlada de bares, restaurantes o comercios y las reuniones entre grupos de personas.
Según ha sabido este diario, el Ministerio de Sanidad sigue con preocupación la evolución de los datos. Y considera que la epidemia está lejos de darse por controlada en España. El Gobierno ha insistido en que el estado de alarma es el único mecanismo eficaz para dar una respuesta conjunta al desafío de la covid-19, que ha provocado casi 27.000 muertos en España desde el inicio de la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, el Gobierno ha prometido "cogobernanza" a las comunidades en la desescalada.
Sánchez, entre el PNV y Ciudadanos
Sánchez ya tuvo problemas para atar la anterior prórroga. El PP se desmarcó por primera vez del Gobierno y se abstuvo. El partido de Pablo Casado exige un "regreso a la normalidad constitucional" e insiste en que hay otros mecanismo de control diferentes al estado de alarma, que da poderes extraordinarios al Ejecutivo. Casado se inclina por el voto en contra ante una nueva votación.
Las opciones del Gobierno PSOE-Podemos pasan por reeditar la mayoría de la semana pasada con PNV y Ciudadanos. ERC ya votó en contra y parece difícil que vuelva a la abstención o al sí. El partido naranja ha dicho que el plazo de 30 días en el estado de alarma no ha surgido en la conversación entre Sánchez y Arrimadas, pero tampoco se ha negado a respaldarlo. Y ha reclamado que el Gobierno siga manteniendo los canales de diálogo abiertos.
"Ciudadanos reitera que seguirá siendo exigente con el Gobierno y con las condiciones pactadas, pero pensando en el interés general de los españoles siempre en cada votación en el Congreso", ha dicho el partido de Arrimadas en un comunicado. "No aseguramos ningún apoyo a iniciativas del Gobierno si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación".
