En plena polémica por el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales que preveía reconocer la existencia de presuntas víctimas de abusos policiales sin necesidad de sentencias condenatorias para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil prevén reunirse en septiembre para estudiar posibles medidas legales contra la decisión del Ejecutivo socialista, que cambia totalmente la postura adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE acordó con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD.
La retirada del recurso acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. llega sin que esas modificaciones se conozcan. El objetivo es aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos policiales y algunas asociaciones de víctimas, reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el final. Hace dos semanas, hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interior como al de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para trasladar su malestar por la decisión del Ejecutivo.
"Ley de 'reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999".
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso presentado por el sindicato Unificado de Policía contra la creación de una comisión de expertos contemplada en esta ley para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales. El sindicato policial confía en que si este recurso prospera, podrá paralizarse la entrada en vigor de la norma al completo.
El Tribunal Constitucional ha anulado gran parte del articulado de una ley similar en Navarra, al considerar que invade competencias del Poder Judicial porque preveía investigar y esclarecer los casos.
El Consejo de Ministros decidió en su última reunión antes del parón veraniego retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El equipo de Sánchez ha acordado con el Gobierno Vasco una reforma del articulado que deberá ser aprobada de nuevo por el Parlamento Vasco previsiblemente en el mes de octubre. La principal crítica es que la norma busca reescribir la historia de la violencia en Euskadi.
La llegada del nuevo Ejecutivo socialista ha generado tensiones con los mandos policiales. Hace una semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió destituir al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "pérdida de confianza", después de que se filtrase una orden de Manuel Sánchez Corbí que preveía paralizar investigaciones ante la falta de fondos reservados.
El Consejo de Ministros ha decidido retirar el recurso contra ley vasca de víctimas policiales, presentado por el anterior Ejecutivo del PP. Y lo ha hecho después de acordar con el Gobierno Vasco la reforma de la norma para recalcar que su objetivo no es buscar responsabilidades, sino resarcir a los afectados.
La Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 fue aprobada en 2016, aunque varios artículos han estado suspendidos por el recurso presentado en su día por el Ejecutivo del PP.
Estos colectivos advirtieron de la "injusticia" e "inmoralidad" que supondría retirar el recurso contra una ley basada, a su juicio, en el "relato del conflicto" y en la construcción de una "memoria alternativa" para "blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo".
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quiso dejar claro cuando hace diez días anunció el acuerdo para retirar el recurso que los "pequeños retoques" que se introducirán en la ley servirán para "dejar aún más claro" que la norma busca únicamente reconocer y reparar a estas víctimas y no identificar a los autores de las vulneraciones de derechos humanos y exigirles responsabilidades penales.
"Nuestro objetivo nunca ha sido el de sustituir a los tribunales ni el de hacer un señalamiento de culpas", aseguró Erkoreka y por ello, cuando se reforme la ley, añadió, "quedarán despejadas todas las dudas" suscitadas "en algunos sectores" .
