El PP no se va a quedar quieto ante lo que entiende como una entente PSOE-Podemos-Ciudadanos contra ese partido en la Comisión Bárcenas del Congreso, y ha respondido hoy mismo: El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha enviado un escrito a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Cámara Alta comunicándoles que tienen que nombrar, antes del 2 de junio, a los senadores y portavoz participantes en la Comisión de Financiación de todos los partidos.
Ésta comenzará sus trabajos en el Senado a partir del 6 de junio, en paralelo con la Comisión Bárcenas en la Cámara Baja, por donde va a desfilar todo el PP, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, probablemente obligado a comparecer dos veces, al inicio y al final de la misma, cuando el resto ya haya dado detalles de la supuesta financiación irregular del PP.
Fuentes de la Dirección Nacional del PP han confirmado a Vozpópuli que, como adelantó este periódico el pasado 26 de abril, una de las figuras relevantes que tendrá que pasar por la otra comisión, la de la Cámara Alta, será la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "Por supuesto, para hablar de los ERE, los cursos de formación y cómo esto ha podido afectar a la financiación del PSOE; como pasarán los de POdemos a hablar de su financiación", advierten.
Los populares se apresuraron a registrar aquel día la creación de esa comisión en la Cámara Alta, donde disponen de una holgada mayoría absoluta con la cual hacer y deshacer a su antojo. Ya habían adelantado verbalmente la intención de que comparezcan -obligados a decir verdad- el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para detallar de dónde proceden sus fondos y las denuncias de trasvase irregular de dinero desde grupos municipales de C's al partido naranja; y Pablo Iglesias, para explicar si es cierta la supuesta financiación del régimen chavista de Venezuela a Podemos a través de la fundación CEPS.
Pero, conscientes de que necesitan al PSOE en el Congreso para esta legislatura de mayorías tan complicadas, Gobierno y PP se habían cuidado mucho de cargar contra Díaz y el principal partido de la oposición... Hasta que han visto el giro de los socialistas esta semana con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
La coincidencia en abril de la citación judicial de Mariano Rajoy como testigo en el 'caso Gürtel' con el encarcelamiento, por otro lado, del expresidente madrileño Ignacio González, y con las imputaciones por delitos de prevaricación de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, crearon para el Gobierno un escenario endiablado: el PSOE (84 escaños) ya se vio entonces arrastrado por Ciudadanos (32) y Podemos (71), a sumar 188 diputados en un endurecimiento de su oposición en el Congreso. La llegada de Sánchez no ha hecho sino certificarlo.
PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen acorralado al PP para que 'desfile' Rajoy y el resto por la Comisión Bárcenas y los populares han decidido responder en el Senado
Las señales de alarma empezaron para el PP con la unión del PSOE de la gestora -acuciado por las críticas de Sánchez a su blandura- con C's y Podemos para "reprobar" al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción por su actuación en la 'Operación Lezo'. El Grupo Popular recordó la norma -no escrita-, respetada por los dos partidos mayoritarios durante los últimos treinta años, que establece que nunca haya dos comisiones de investigación en marcha al mismo tiempo.
Hasta entonces había funcionado en solitario la comisión que investiga irregularidades en Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz ('pinchazos' telefónicos, 'polícía política' para investigar en Cataluña, etc) y con una clara entente PSOE-PP-C's para que no se les vaya de las manos: no admiten las comparecencias de los comisarios implicados, solicitadas por Podemos y ERC, y pidiendo más "informes" técnicos... Una clara maniobra dilatoria para llegar a diciembre sin actividad.
El PP daba por descontado que la Comisión Bárcenas empezaría después, precisamente porque la gestora socialista, afín a Susana Díaz, era consciente de que la presidenta de la Junta de Andalucía, iba a quedar en una situación complicada si al final es citada, como va a serlo, en la comisión de financiación de partidos en el Senado a partir del 6 de junio. El ganador de las primarias, Pedro Sánchez, criticó duramente a la gestora por conformarse con pedir la comparecencia de Rajoy solo ante esa comisión y no ante el Pleno del Congreso.
La llegada de Sánchez a la Secretaría General ha acabado con la tibieza de la gestora respecto a Rajoy por miedo a que Díaz fuera finalmente citada para hablar de ERE y cursos de formación en Andalucía
La primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, creó en 2014 otra macrocausa sobre los cursos de formación en Andalucía e intentó indagar. Durante la declaración del principal testigo en esa causa, Alaya preguntó al responsable de la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), Teodoro Montes, si ese ente "financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta". El funcionario no concretó pero mostró "numerosas dudas" al respecto.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ya había detectado irregularidades en 2004 pero el grueso del escándalo estalló cinco años más tarde, al conocerse que en 2009 y 2010 se habían repartido a beneficiarios de los fondos de formación (muchos militantes y familiares de cargos del PSOE-A) un total de 50 millones de euros sin justificar. El 89% de las subvenciones concedidas no estaban bien justificadas y la Fiscalía abrió una investigación.
