La senadora vasca Elvira García no ha participado en el pleno del Senado celebrado ayer y hoy, el primero desde que dejó Podemos y pasó al grupo Mixto tras conocerse que pese a percibir su sueldo parlamentario había pesado contra ella una orden de desahucio por impago del alquiler de un piso social.
La parlamentaria no ha tomado parte en los debates que han tenido lugar en la sesión plenaria de la Cámara Alta y figura como "ausente" en el registro oficial de votaciones de todas las iniciativas sometidas a consideración; tampoco ha votado hoy en la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
Aunque fuentes parlamentarias han confirmado a Efe que la senadora por Álava sí estuvo ayer martes en el Senado, al parecer para comunicar en el Registro su voluntad de pasar al grupo Mixto, ni ayer ni hoy ha tomado parte en las actividades de la Cámara.
Su adscripción al grupo parlamentario Mixto por su salida de Unidos Podemos deja al grupo encabezado por Ramón Espinar con 20 senadores en vez de 21.
La Mesa del Senado le ha adjudicado un nuevo escaño, en el "gallinero" o parte alta del hemiciclo -donde se ubican los senadores del Mixto- del que todavía no ha hecho uso, según han asegurado las fuentes. Su incorporación a este grupo complica aún más el ya difícil reparto de funciones y tiempos de intervención.
Con ella ya forman parte del Mixto 17 senadores de diez formaciones políticas distintas (PDeCAT, Ciudadanos, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, EH Bildu, Foro, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Unión del Pueblo Navarro).
Elvira García comunicó el pasado viernes que abandonaba la formación morada, aunque manteniendo el escaño, pese a que Podemos le había reclamado que lo dejara, toda vez que ya no estaba en la formación política bajo cuyas siglas se presentó a las elecciones.
Su caso se originó cuando se descubrió que había tenido pendiente una orden de desahucio tras 15 meses sin pagar el alquiler de un piso social en Vitoria, medida que finalmente evitó al abonar 5.000 euros a la entidad del Gobierno vasco que gestiona las viviendas de alquiler protegido.
La entonces senadora de Podemos fue criticada porque cuando el Gobierno vasco inició los trámites para el desahucio ya llevaba cuatro meses en la Cámara Alta, lo que según el PP no cuadraba con el perfil de demandante de viviendas sociales.
