La sentencia de los ERE de Andalucía, que cuenta con 1.700 folios, se conocerá hoy martes a las 12.00 horas. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha convocado a los procuradores y a los 21 acusados para notificarles el fallo que afecta a exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes de esta comunidad: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña se pronunciará sobre una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema “opaco, injusto y arbitrario”. El fallo llega casi once meses después de acabar el juicio y más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.
En esta causa se dilucidará si hubo comportamiento delictivo en la actuación de los exresponsables de la Junta de Andalucía, que pudieron haber adjudicado ayudas a empresas que iban a realizar ERE de manera irregular por valor de 680 millones de euros entre los años 2000 y 2010, aunque en un primer momento se especuló con una cifra superior a los 800 millones.
El Ministerio Público cree que la opacidad del sistema de los ERE privó “de su derecho a acceder a estas ayudas a un número importante de trabajadores” afectados por reajustes laborales.
Además de Chaves y Griñán se sentaron en el banquillo seis exconsejeros acusados de prevaricación y/o malversación. Son el exvicepresidente Gaspar Zarrías, el hombre que más poder aglutinó en Andalucía después de Chaves; Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda); José Antonio Viera y Antonio Fernández García (Empleo); y Francisco Vallejo, exresponsable de Innovación, del que dependía la agencia IDEA, de donde salían los fondos para pagar los ERE.
Chaves, expresidente de la Junta a lo largo de dos décadas, se enfrenta a una posible condena de diez años de inhabilitación. La condena no afectaría a su carrera porque abandonó la política hace 15 años. Griñán, que dimitió como senador en junio de 2015 tras ser imputado en esta causa, afronta seis años de cárcel por malversación continuada y 30 de inhabilitación, según la petición de Fiscalía. El resto de los acusados podrían ser condenados a penas de inhabilitación de entre 10 y 30 años y de entre seis y ocho años de cárcel.
Siete años de instrucción
El juicio comenzó el 13 de diciembre de 2017 tras siete años de instrucción. Un año después y con 152 sesiones celebradas, quedó visto para sentencia el primero de los juicios por los ERE, correspondiente a la pieza política. Los 21 acusados no hicieron uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal.
Estaba sobre la mesa la supuesta creación por parte de altos cargos del Gobierno andaluz de un "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009.
El proceso judicial arrancó con un total de 22 exaltos cargos de la Junta acusados, entre ellos, dos expresidentes y seis exconsejeros. El número final de procesados fue de 21, tras retirar la Fiscalía su acusación contra el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa.
El Ministerio Público les imputa presuntos delitos de prevaricación y, en algunos casos, como el de Griñán, también de malversación. Este último marca la diferencia entre la solicitud de penas de cárcel e inhabilitación (prevaricación y malversación) o solo inhabilitación (prevaricación).
En sus conclusiones definitivas, los fiscales cifraron en 680 millones de euros la cantidad destinada por la Junta entre 2000 y 2009 para el pago de las ayudas investigadas y que "no debieron salir de las arcas públicas". Según el ministerio público ni los expresidentes Chaves y Griñán, ni los exconsejeros Zarrías, Vallejo y Fernández hicieron nada por frenar el sistema de ayudas, pese al "conocimiento de las irregularidades".
Los fiscales describieron en su exposición final un sistema de concesión de ayudas "totalmente opaco" en el que las "ansias de rapidez y agilidad" a la hora de dar las ayudas eliminó "todos los mecanismos de control establecido", que favorecieron el "enriquecimiento" de ciertas empresas y personas mediante un sistema "injusto y arbitrario".
Por su parte, las defensas sostienen su inocencia. Los abogados de los expresidentes insistieron en que ninguno conocía el funcionamiento del programa de concesión de ayudas y por ello pidieron su libre absolución.
En este proceso ejerció la acusación particular el PP que se adhirió al informe de la Fiscalía y pidió las mismas penas. El sindicato Manos Limpias, cuya cabeza visible está imputado en la Audiencia Nacional, y que actuaba con acusación popular, retiró los cargos contra Chaves y el delito de malversación para todos los acusados.
Quedan pendientes todo un rosario de juicios relacionados con los ERE correspondientes a las distintas piezas abiertas por la jueza María Núñez, en los que se irán analizando las ayudas concretas que fue concediendo la Junta de Andalucía.
Peticiones de pena
Los 21 acusados se enfrentan a las siguientes peticiones de pena:
- Manuel Chaves, expresidente: 10 años de inhabilitación.
- José Antonio Griñán, expresidente: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- José Antonio Viera, exconsejero de Empleo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia: 10 años de inhabilitación.
- Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda: 10 años de inhabilitación.
- Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- José Salgueiro, exviceconsejero de Economía: 10 años de inhabilitación.
- Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Juan Márquez, exdirector general de Trabajo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos: 10 años de inhabilitación.
- Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta: 10 años de inhabilitación.
- Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la agencia IDEA: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Jacinto Cañete, exdirector general de la agencia IDEA: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Empleo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
- Javier Aguado, exsecretario general técnico de Empleo: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
