La llamada 'sala de admisión' de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ultima estos días su decisión de admitir la exposición razonada que el pasado julio remitió el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al entender que pudo incurrir en un delito de revelación de secretos al difundir datos confidenciales sobre la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Fuentes del Tribunal Supremo sostienen que la decisión definitiva se adoptará en los primeros días de septiembre, probablemente pasado el día 5, cuando se celebra el acto solemne de Apertura del Año Judicial, que preside el Rey, y al que debe asistir el fiscal general del Estado para presentar su memoria anual. Si la decisión se produjese antes, sería la primera vez en la historia que un fiscal general acude a un acto de una relevancia institucional tan representativa prácticamente imputado por el Supremo por un delito que podría conllevar su inhabilitación para el cargo.

De momento, la 'sala de admisión' sigue pendiente a lo largo de agosto del informe del fiscal del Supremo, que presumiblemente se opondrá a que este tribunal abra lo que se denomina una 'causa especial' contra García Ortiz al entender que no vulneró ningún derecho del empresario González Amador. No obstante, fuentes judiciales consultadas entienden que la exposición razonada de Goyena es lo suficientemente sólida como para que, al menos, se abra una investigación formal a García Ortiz, que en ese supuesto sería llamado a declarar en calidad de investigado. Él fue quien asumió en primera persona ser el “último responsable” de las órdenes dadas en cascada a varios fiscales de Madrid para hacer públicos los datos sobre González Amador. El objetivo político no era otro que erosionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La querella contra García Ortiz fue interpuesta por la pareja de Díaz Ayuso, que estaba siendo investigado en un Juzgado de Madrid por la comisión de los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En cuanto la Fiscalía General tuvo conocimiento de ello, comenzaron a difundirse por medios oficiales del Ministerio Público, en especial a través de una nota de prensa, informaciones sobre un posible acuerdo que la Fiscalía de Madrid habría ofrecido a la defensa de González Amador para eximir a su cliente de una hipotética pena de prisión. "Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor (de González Amador) reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública", explicaba la nota de prensa que el propio fiscal general ordenó difundir con urgencia, y ya de noche, entre los medios de comunicación. Se trataba de señalar al empresario como autor confeso de esos delitos, y de estigmatizar así a Díaz Ayuso, pero lo hizo revelando una propuesta de acuerdo con la Fiscalía que, según la ley, debe ser confidencial para garantizar los derechos de cualquier acusado. Así lo entendió también el Colegio de Abogados de Madrid, personado en la causa contra García Ortiz. 

El previsible acuerdo entre fiscal y acusado quedó revocado y frustrado por la Fiscalía General, y en aras de la divulgación de esas informaciones, dos representantes del Ministerio Público de Madrid fueron imputados. Durante sus declaraciones judiciales, ambos señalaron directamente al fiscal general, y de ahí la exposición razonada elevada en julio al Supremo. García Ortiz envió un escrito al magistrado del Tribunal Superior de Madrid asumiendo que él personalmente había solicitado publicar esas informaciones comprometedoras para la pareja de Díaz Ayuso, pero exponiendo que la redacción de la nota de prensa no incurría en delito alguno y que simplemente se redactó para desmentir “bulos” y falsedades.

Sin embargo, en su exposición razonada elevada al Supremo para investigar a García Ortiz, el magistrado Goyena sostiene textualmente que “la difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal” porque “(…) supone la divulgación de datos e información que no pueden ser revelados a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho a la defensa". Constan en la causa además distintos mensajes telefónicos enviados por García Ortiz a la fiscal jefe de Madrid dando expresamente la orden de publicación de esa nota de prensa, pese a que tanto ella como sus servicios de comunicación se oponían frontalmente. Finalmente, se publicó con membrete de la Fiscalía General, y no con el habitual de la Fiscalía madrileña.

Fuentes del Supremo consideran que, a priori, los indicios de delito reseñados por Goyena contra García Ortiz parecen suficientemente sólidos como para abrir una investigación penal que le permita declarar. Ante el Tribunal Superior de Justicia madrileño no podía hacerlo al estar aforado ante la Sala penal del Supremo. Si la sala de admisión acordase finalmente incoar una causa especial, se designaría a un instructor para retomar la investigación donde la dejó Goyena, pero ya con la posibilidad cierta de que García Ortiz pueda defenderse de las acusaciones y tomársele declaración. Es cierto que buena parte de la exposición razonada de Goyena se centra explícitamente en la nota de prensa que Ortiz ordenó difundir, pero también será relevante, si se abre finalmente una 'causa especial', el intercambio de correos electrónicos que figuran en la investigación para determinar si indiciariamente el fiscal general pudo incurrir en revelación de secretos.

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