El juez ha dejado en libertad a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, después de que esta mañana haya pagado su fianza de 100.000 euros.
En un auto, el magistrado decreta la libertad del investigado con la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado por lo que saldrá en las próximas horas de la prisión de Estremera (Madrid), donde ingresó el 21 de abril por el caso Lezo.
Rodríguez Sobrino -al que se le imputan los delitos de malversación, fraude, organización criminal, falsificación, prevaricación, cohecho y blanqueo- ha depositado la fianza esta mañana mediante una transferencia a la cuenta del juzgado de la Audiencia Nacional.
García Castellón acordó la fianza al acceder a la petición que en ese sentido le hizo la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviese la prisión provisional y sin fianza para el investigado, según las citadas fuentes.
El juez le impuso una cantidad bastante inferior a la que fijó la semana pasada para el que fue su socio Ignacio González, quien salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores.
Con la salida de González de la cárcel el pasado 8 de noviembre, Rodríguez Sobrino se convirtió en el único de los investigados en este caso de corrupción en el Canal de Isabel II que continuaba en prisión preventiva.
Los investigadores le sitúan en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal.
Rodríguez Sobrino, que también fue consejero de La Razón, supuestamente colaboró en 2013 en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio por 20 millones de dólares y guardó el importe de la compra "por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil", según la investigación.
El pasado julio declaró durante cuatro horas ante el juez García Castellón en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación.
Esta decisión del juez García Castellón coincide con la de levantar la imputación por blanqueo de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad.
