El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad este martes admitir a trámite la Impugnación de Disposición Autonómica (IDA) presentada por el Gobierno de España contra el acuerdo de recepción de menores extranjeros aprobado por el Ejecutivo canario el pasado 2 de septiembre. El órgano de garantías, tras haber invocado el Gobierno en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de varios apartados del protocolo, ya suspendido de forma cautelar por el TSJ de Canarias.
El Gobierno central considera que el protocolo aprobado por el equipo de Clavijo vulnera varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. Por ello, tras recurrir en primera instancia al Consejo de Estado, presentó un recurso contra el Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como contra la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.
El protocolo publicado en el Boletín Oficial de Canarias, y por el momento suspendido por la jurisdicción ordinaria, pasa por no aceptar en sus centros de acogida a más menores si no han sido correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega. Para el Gobierno central este protocolo se extralimita a la hora de imponer obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vulnera el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
El Ejecutivo acordó el pasado 24 de septiembre recurrir ante el órgano de garantías tras recibir el dictamen a favor de Consejo de Estado, presidido por la exvicepresidenta Carmen Calvo. En su escrito, el órgano defendió que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para recurrirlo. Haciéndose eco de dicho dictamen, el Gobierno de Sánchez apuntó en su recurso a un conflicto de competencias. Añadió que "las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad" de estos inmigrantes, así como "la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos", no son circunstancias que "permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir".
El Ejecutivo central defiende que si bien las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados.
El TSJ de Canarias suspende el protocolo de recepción de menores no acompañados
Por su parte, la Fiscalía Superior de Canarias presentó, el pasado mes de septiembre, un recurso contra el protocolo del Gobierno de Canarias al entender que "concurren circunstancias de especial urgencia que legitiman la adopción de la medida interesada". Gracias a ese recurso, el TSJ de Canarias acordó el pasado 20 de septiembre su suspensión de manera cautelarísima. El tribunal consideró que aplicar la instrucción dada a las ONG de no recibir a más menores en los centros de acogida implica que "no van a ser acogidos de manera automática en los centros gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias", sino que esta recepción queda supeditada "a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes".
Parte del problema radica en la dificultad para identificar a los menores no acompañados en el momento en el que llegan a territorio español. El protocolo habitual es que, tras ser recogidos del mar, sean los agentes de Policía y Guardia Civil los que a través de varias entrevistas intenten identificar a los menores y determinar su edad, posteriormente, es el Gobierno canario es quien los deriva a los centros de acogida. No obstante, ante la situación de saturación de espacios, el Ejecutivo de Clavijo exige al Gobierno de España que ofrezca centros de asistencia inmediata donde poder hospedar a los niños hasta que termine su proceso de identificación.
