El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha reclamado este miércoles en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, de manera que se pueda evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley. También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.
Así lo ha expuesto Álvarez de Miranda ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias convocadas por éste órgano para recabar propuestas destinadas a mejorar el actual régimen de financiación de los partidos políticos.
El máximo responsable del fiscalizador ha admitido que uno de los aspectos que más "preocupación" le generan es la "utilización de las fundaciones para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas".
Aunque, ha explicado, "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente".
Este 'agujero', que también ha sido puesto de manifiesto por otros comparecientes, podría atajarse, como ha propuesto también Álvarez de Miranda, aplicando a las fundaciones "los mismos requisitos exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones".
Además, ha puesto de manifiesto que el Tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.
Definir donaciones y aportaciones
También en relación con las fundaciones, Álvarez de Miranda ha reclamado que se defina claramente en la ley "la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones", dado que su distinción semántica puede dar lugar a distintas interpretaciones.
Otra de sus propuestas es que se regulen de forma "detallada" las nuevas formas de financiación, en especial las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos" -que utilizan formaciones como Podemos-, cuya fiscalización, ha dicho, "implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución".
Respecto a la financiación de las campañas electorales, Álvarez de Miranda es partidario de que todas las donaciones que se realicen en periodo electoral se entiendan que son para financiar ese proceso y también ha pedido medidas para "paliar la falta de correspondencia entre el límite máximos de gastos electoral y el importe de la subvención a percibir".
Medios coercitivos
La necesidad de adecuar los límites de gasto en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios que brindan las nuevas tecnologías, así como la evaluación de la eficiencia del envío de sobres y papeletas de propaganda electoral, han sido otras de las sugerencias que Álvarez de la Mesa ha dejado en el Congreso.
Todas estas medidas, según el presidente del Tribunal de Cuentas, deberían ir acompañadas de medios coercitivos para que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otras instituciones para el cumplimiento de sus funciones, ya sean en materia fiscalizadora o jurisdiccional.
Por últimos, como otros expertos que han precedido ante este órgano, el presidente del Tribunal de Cuentas también ha solicitado que se armonice la legislación en esta materia -Ley Orgánica de Financiación de Partidos y Ley Orgánica del Régimen Electoral General-.
