El Tribunal de Cuentas seguirá adelante con el procedimiento abierto contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y algunos de sus consejeros por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1-O, han confirmado fuentes del órgano contable. Asimismo, ha rechazado responsabilizarles de los gastos del dispositivo policial para esa jornada, conocido como la 'operación copérnico'.
En un auto, la Consejera de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha dado por finalizada la fase preliminar del procedimiento abierto en diciembre del año pasado por las denuncias de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución. Tras concluir que existen indicios de responsabilidad contable, ha acordado pedir a la Sección de Enjuiciamiento que traslade el asunto a la Comisión de Gobierno del Tribunal para que designe un delegado instructor que inicie la investigación.
La instructora de las diligencias preliminares precisa que se debe investigar los gastos que puedan estar relacionados con el referéndum, pero ningún caso aquellos derivados del desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tal y como solicitaron las asociaciones.
Él no ordenó la 'operación copérnico'
"De los propios términos en que se formula la denuncia se desprende que en ningún caso su realización podría dar lugar a responsabilidad contable", señala la resolución. En este sentido, recoge el argumento expuesto por la Abogacía del Estado en sus alegaciones y explica que "para que pueda apreciarse la existencia de responsabilidad contable es necesario que el menoscabo en los caudales públicos se haya producido por las personas que han gestionado esos fondos".
Continúa diciendo Mariscal de Gante que en el supuesto que se están analizando no se da dicha circunstancia, ya que "los responsables del referéndum ilegal del 1-O, quienes, evidentemente, ni ordenaron la denominada 'operación copérnico' ni el pago de los gastos necesarios para llevarla a cabo".
