Más allá del desenlace académico y político que pueda tener el escándalo del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, bajo el paraguas del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, lo cierto es que la crisis a la se enfrenta estos días la URJC ha resucitado el debate sobre el funcionamiento de la universidad pública española.
El ya conocido como mastergate se saldó este viernes sus primeras víctimas: tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la URJC, Enrique Álvarez Conde, el director del instituto universitario, fue suspendido, mientras que a la funcionaria de la universidad Amalia Calonge se le abrió un expediente "por graves irregularidades detectadas" en la investigación de la Inspección de Servicios.
Poco o nada importa a la comunidad universitaria el paradero de Cifuentes o de los académicos que hayan podido estar involucrados en su título
Además, el rector dio cuenta del inicio de una serie de auditorías en todos los centros dependientes de la institución para evaluar la gestión académica y económica de estos. En el ámbito político, Cifuentes continúa sin ceder a la demanda de dimisión que le hacen a día de todas las fuerzas de la oposición e, incluso, sus hasta hora socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, poco o nada importa a la comunidad universitaria el paradero de la integrante del Partido Popular ni de los académicos y funcionarios que hayan podido estar involucrados en la manipulación, fabricación, corrección, falsificación o reconstrucción de las notas y actas en torno al título de la polémica. La imagen y el prestigio de la universidad española se ha visto damnificado, así como el valor de los títulos impartidos por diversos centros de estudios, y no son pocos los que han alzado la voz para defender que lo ocurrido en la URJC es el buen hacer de los profesores y alumnos del país.
Un caso aislado
"El funcionamiento de las universidades está bastante controlado. Se rigen por la legislación nacional y por la legislación de las propias instituciones, donde hay órganos colegiados, consejos de gobierno, claustros y consejos sociales, donde hay vocales en representación de las organizaciones sociales y las entidades locales como las asociaciones empresariales con mayor representación en las comunidades donde se sitúan, así como en representación de los sindicatos con mayor implantación en la región y de los municipios donde se sitúan los centros", explica a 'Vozpópuli' Ramón Caballero, responsable de Universidades de CSIF.
Por tanto, la crisis acontecida al amparo de la URJC, se trata, según este profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, de un caso "para nada extrapolable" al resto de situaciones que se dan normalmente en toda la Rey Juan Carlos ni en las universidades públicas del país. Además, añade que las universidades son unas de las administraciones "que están funcionando mejor y que están teniendo unos buenos resultados en un escenario muy complicado": "pese a haber sufrido de los mayores recortes presupuestarios, están dando el servicio público de Educación Superior que se les requiere y teniendo razonables resultados en investigación".
Caballero defiende que "no existe un descontrol ni hay actuaciones alegales generalizadas" y que sí se dan "casos puntuales como en otras administraciones". Por otro, garantiza que a nivel nacional, existen auditorías internas y externas y otras que llevan a cabo los mismos gobiernos autonómicos.
La Crue vs políticos
En la misma línea, aunque con un discurso más duro contra algunos políticos, se ha mostrado el presidente de Crue Universidades, Roberto Fernández, quien aseguró que el comportamiento de las universidades y de los universitarios y universitarias ha sido y es ejemplar. "Como cualquier institución que alberga a miles de personas, es posible que se produzca alguna incorrecta actuación de forma puntual", consideran los representantes de los rectores.
"Nos parece inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima
opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la
universidad española. Esa actitud manifiesta una mayúscula irresponsable frivolidad
impropia del ejercicio de un representante democrático. Los universitarios les pedimos
a las diversas fuerzas políticas que mantengan a la universidad española al margen de
sus legítimas contiendas políticas", exigen desde Crue.
Somos conscientes de los fallos del sistema universitaria y de la necesidad de introducir cambios, pero no podemos calificar a la universidad pública como una institución corrompida"
El portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, que es licenciado en Filosofía y máster en Sociología Aplicada y ha trabajado como profesor, señala que en su formación son "conscientes de los fallos del sistema universitaria y de la necesidad de introducir cambios, pero no podemos compartir las afirmaciones que califican a la universidad pública como una institución corrompida". Para Sánchez, la universidad pública ha cumplido y cumple una labor fundamental para garantizar la movilidad social y el acceso de las clases populares a una formación de calidad.
"Todos sabemos que la universidad pública ha sido de las mayores afectadas por las políticas de austeridad del Gobierno del Mariano Rajoy, pero el Gobierno no sólo ha puesto trabas a la universidad pública a través de los recortes, también lo ha hecho renunciado a romper inercias del pasado que siguen operando en la actualidad, dinámicas sobre las que muchos miembros de la comunidad universitaria llevan años alertando sin que sus demandas se vean atendidas", considera.
La "marca" de la universidad
Para el murciano, es precisamente esta comunidad universitaria, formada por la mayoría de profesorado y alumnado, la que está siendo dañada "por los últimos escándalos e irregularidades presuntamente detectadas en nuestra universidad pública, que están teniendo como consecuencia la estigmatización de sus títulos y de su labor profesional". Por ello, dice, son necesarios cambios que garanticen la transparencia y extirpen cualquier atisbo de corruptelas.
Entre estos, el integrante de Podemos apunta al desarrollo de una carrera científica independiente "sin necesidad de rendir pleitesía a ningún catedrático" -uno de los problemas que, según Sánchez, ha destapado el caso del máster de Cifuentes-, para lo que cree "imprescindible" abordar la cuestión de la precariedad.
"En segundo lugar, son necesarios unos procesos de selección abiertos, homologables internacionalmente y totalmente transparentes, además de una simplificación de los procesos administrativos que faciliten su transparencia", dice. Según Sánchez, las universidades del país deben caminar hacia un mayor control sobre institutos universitarios, centros adscritos y, en general, sobre todo lo que afecta a la "marca" de la universidad.
