“Carles Puigdemont sale de la cárcel de Neumünster tras pagar la fianza de 75.000 euros impuesta por la Audiencia Territorial del estado federado de Schleswig-Holstein”. Esta noticia inundó los medios españoles hace algo más de una semana. El expresident catalán fugado abandonaba la prisión alemana después de abonar un dinero que nunca salió de sus bolsillos.
Por enésima vez la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las asociaciones ariete del independentismo, salían al auxilio de un político separatista para que “volviese a casa”. Su herramienta: una “caja de solidaridad” conjunta que, según explican, se rellena con aportaciones individuales que van desde los 25 euros. En el último informe económico de la ANC se especificaba que la hucha soberanista contenía 5,8 millones de euros.
Ambas organizaciones presumen en redes de haber empleado casi cuatro millones de euros en distintos procesos judiciales desde que empezase la parte ‘dura’ del proceso soberanista, allá en 2014 con la consulta del 9-N promovida por el entonces president de la Generalitat Artur Mas.
Tuvieron que pasar tres años de aquella cita para que se realizase el primer desembolso para salvar los muebles al entonces líder convergente. El tribunal de cuentas le pedía a Mas y varios exconsellers 5,2 millones de euros, de los que 2,8 fueron entregados por las dos asociaciones. Los tiempos de la Justicia hicieron que el mayor pago hasta el momento de la ANC y Òmnium se realizase a mediados de octubre de 2017.
De eso hace ahora seis meses, y el goteo de dinero ha sido incesante. 985.000 euros han salido de las arcas soberanistas civiles en favor de quienes han llevado a Cataluña a la intervención por parte del Gobierno central. En total, 3,8 millones en apenas seis meses.
El referéndum ilegal del 1 de octubre produjo un reguero de visitas a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo por parte de políticos catalanes. La jueza Carmen Lamela y el juez Pablo Llarena se han encargado desde entonces de instruir las causas contra los líderes independentistas.
El siguiente gasto de la “caja de solidaridad” se produjo el 10 de noviembre. A Carme Focadell, expresidenta del Parlament y también de la ANC, se le impuso una fianza de 150.000 euros. Al mismo tiempo, las asociaciones soberanistas entregaron otros 100.000 por el resto de integrantes de la mesa de la cámara catalana: Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. 25.000 por cada uno.
Casi un mes después las cuentas de la ANC y Òmnium recibieron otro duro golpe. Había que conseguir la libertad de los seis ex consellers encarcelados. Raúl Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borrás y Carles Mundó dejaron sus celdas por 600.000 euros. Más tarde fue procesada Marta Rovira, que fue puesta en libertad con medidas cautelares previo pago de 60.000 euros. El remitente de ese dinero tenía el sello de las arcas independentistas.
En total, casi cuatro millones de euros en fianzas que ha dejado la economía de la ANC y Òmnium bastante resentida. Sin contar los presumibles pagos que vendrán en un futuro, ya que los líderes de ambas organizaciones, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente, siguen en prisión junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al ex conseller de Interior, Joaquim Forn. Además, el 23 de marzo Llarena devolvió a la cárcel a Forcadell, Romeva, Bassa, Rull y Turull, por los que las asociaciones ya pagaron 550.000 euros.
