La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recibió el jueves pasado una carta del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la que éste "respalda" expresamente la potestad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos (Madrid), según han confirmado a Vozpópuli fuentes gubernamentales.
La carta del número dos del papa Francisco, según esas fuentes, va un paso más allá de la postura de la jerarquía católica española -se ha limitado a instar a familia y Ejecutivo a ponerse de acuerdo-, y sobre ella debería "reflexionar" el abad de la basílica, Santiago Cantera, que rechaza de forma tajante la exhumación.
Plazo de 15 días
Sánchez y La Moncloa pretenden ignorar esa oposición numantina cuando concluya, a principios de marzo, el plazo de 15 días que tienen los deudos para comunicar al Ministerio de Justicia dónde quieren depositar los restos óseos del ex jefe de Estado. Si no lo hacen, será el propio Ejecutivo el que procederá a trasladarlos a otro lugar que nuca será la tumba que posee la familia en la cripta de la madrileña catedral de La Almudena.
El Gobierno confía en que el Supremo desoiga la petición de la familia de paralizar la exhumación, dada la forma "escrupulosa" en que Justicia ha llevado todo el proceso
Ahora mismo, lo único que puede frenar que esa operación se lleve a cabo antes de las elecciones generales del 28 de abril sería una eventual paralización cautelar que dicte la Sala Tercera del Tribunal Supremo en respuesta al recurso que ya ha anunciado la familia Franco.
Y el Ejecutivo socialista, a día de hoy, reconocen las fuentes consultadas por este periódico, confía en que el alto tribunal tenga en cuenta la "escrupulosidad" que ha tenido en todo momento para no hacerlo; es decir, que no dicte esa paralización cautelar y deje llevar a cabo la exhumación por una suerte de silencio judicial, antes de que se pronuncie sobre el fondo del asunto dentro de unos meses.
Algo similar a lo ocurrido con los restos del general Sanjurjo exhumados de la cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona. Fueron exhumados en primera instancia, pero en julio del año pasado el Juzgado Número 2 de lo Contencioso Administrativo de la capital navarra ordenó la inhumación de nuevo en ese monumento.
A eso se refería la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras el Consejo de Ministros del 15 de febrero que aprobó el decreto de exhumación, cuando pidió que no se haga "justicia ficción" con este asunto.
La autorización de Cantera
El Gobierno admite en el propio decreto aprobado el viernes 15 de febrero que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica, dirigida por Santiago Cantera, para ejecutar el desenterramiento de Franco -por ser un lugar de culto protegido por los acuerdos España-Santa Sede (1979)- o el visto bueno del Supremo.
Eso es lo que le ha llevado "a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo".
