La batalla de la oposición contra los vetos del Gobierno a sus iniciativas legislativas en el Congreso está lejos de resolverse. El PSOE asegura que si la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- no acepta su petición de reconsiderar los vetos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, volverá a registrar una a una sus proposiciones de ley para que se vote de nuevo su admisión a trámite.
En la misma línea se expresan desde Unidos Podemos, el otro grupo parlamentario afectado por los recursos contra las proposiciones de Ley de la oposición. Fuentes del grupo morado aseguran que se plantean volver a presentar gran parte de las medidas que han registrado en lo que va de legislatura y que han sido ahogadas con los votos del PP y Ciudadanos en la Mesa, donde suman mayoría.
La diferencia es que ahora cuentan con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que asegura que la Mesa puede oponerse al criterio del Gobierno si considera que la afectación presupuestaria no está debidamente argumentada. Ante la falta de mayoría absoluta de su primera legislatura, el Ejecutivo utiliza de forma sistemática esta herramienta que le blinda el artículo 134.6 de la Constitución para impedir el trámite parlamentario. Si la medida propuesta por otro grupo parlamentario incrementa el gasto o provoca una disminución de los ingresos, el Gobierno puede paralizar su trámite parlamentario, impidiendo si quiera el debate de toma en consideración.
Por lo pronto, la Mesa solicitó este martes a instancias del partido naranja un informe jurídico a los letrados para decidir sobre la revisión de todos los vetos solicitada formalmente por los socialistas la semana pasada tras conocer la sentencia del TC. Dicha sentencia surge a raíz de un conflicto de competencias presentado por el Gobierno ante el Alto Tribunal acerca de la ley para modificar la Ley educativa del PP, (Lomce).
Y situó a Ciudadanos en el punto de mira. La formación de Albert Rivera ha votado en el mismo sentido que el PP salvo en un par de ocasiones; una de ellas, la de la Lomce. Ahora, el partido naranja se muestra mucho más cauto. Fuentes parlamentarias aseguran que están a la espera de conocer el informe de los letrados para pronunciarse. Pero, de momento, en la reunión de la Mesa de este martes sus representantes no votaron a favor del veto solicitado por el Ejecutivo sobre dos medidas -una del PDeCAT y otra de UP-, sino que requirieron más información al Gobierno sobre la justificación del veto.
La solución no es ni mucho menos sencilla. Primero, porque los letrados tienen que hacer un informe ahora sobre algo que se ha estado realizando con su consentimiento. Segundo, porque no hay consenso en si la sentencia tiene carácter retroactivo o no. Desde las filas del PP se considera que el pronunciamiento del TC afecta únicamente al caso de la Lomce. Desde las filas socialistas creen, sin embargo, que sienta jurisprudencia.
En esta misma línea apuntan otras fuentes parlamentarias consultadas. Creen que debería revisarse una a una la argumentación económica que esgrime el Gobierno para paralizar las 58 leyes. Y, en caso de que el criterio presupuestario no esté bien aquilatado, deberían seguir el trámite parlamentario si necesidad de votarlas de nuevo. Los partidarios de esta visión creen que las proposiciones de ley no mueren una vez que se aprueba el veto, sino que quedan en una especie de limbo o stand-by. Por contra, otras fuentes se muestran contrarias a esta posibilidad y argumentan que no se puede volver a votar el veto ya aprobado.
