La Audiencia Nacional ha confirmado este martes la prisión provisional del excomisario José Villarejo al irse "desvelando más indicios" que incrementan el riesgo de fuga y también el de destrucción de pruebas por el material "pendiente de analizar" y del que pueden derivar "más líneas de investigación"
Desde su ingreso en prisión en noviembre del año pasado, Villarejo ha reclamado en varias ocasiones ser puesto en libertad.
En este último recurso ante la Sala alegó que el riesgo de fuga se había debilitado "por el paso del tiempo" y también el de destrucción de pruebas porque ha sido "destruido en su buen nombre y honor" y ya nadie se atrevería a contratarle.
La defensa del excomisario esgrimía además que los indicios de criminalidad contra él se han debilitado "al haberse acordado el sobreseimiento de algunas de las piezas separadas" en las que se ha dividido este caso, si bien obviaba que estas decisiones del juez han sido recurridas por la Fiscalía Anticorrupción.
En cuanto al riesgo de fuga, además del tiempo transcurrido desde su detención en la operación Tándem, entendía que había quedado conjurado al carecer en este momento "de medios con los que mantenerse al tener todo su patrimonio embargado". También invocaba su arraigo en España y que es conocido públicamente, "lo que dificultaría su ocultación".
Villarejo se quejaba también de "un trato desigual respecto de otros imputados cuya libertad se ha decretado precisamente porque el paso del tiempo debilitaba el riesgo de fuga", en clara referencia a su socio, el abogado Rafael Redondo, que tras ser detenido junto a él, quedó recientemente en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
Además su defensa cree que toda la investigación "es prospectiva", lo que, a su juicio, debería conducir "al cese de su situación de prisión provisional" y sustituirla por comparecencias en el juzgado y la prohibición de salir de España como "medidas cautelares suficientes para garantizar que éste sujeto a la causa".
En el auto en el que se rechazan todas estas pretensiones, los magistrados de la sección tercera Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Ana María Rubio destacan que los primeros indicios que llevaron a su detención por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales "se han venido consolidando a lo largo de la instrucción tras el análisis más exhaustivo de la documentación" intervenida en Tándem.
De hecho, añade el auto, de los nuevos indicios que ahora se conocen a través de los informes policiales surgidos de la documentación analizada hasta el momento se desprenden más delitos como los de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.
Tampoco creen los magistrados que el archivo en determinadas piezas como la que afecta al excomisario de Barajas Carlos Salamanca o las denominadas Land -sobre los promotores de la urbanización La Finca de Pozuelo- o Iron -sobre un despacho de abogados- debilite los indicios de criminalidad contra él, porque aparte de ser de carácter provisional, "afectan a terceros".
Niega también la Sala que la investigación sea prospectiva y que esté recibiendo un trato desigual "frente a los que se ha decretado la libertad provisional, pues no hay constancia de que sus circunstancias sean las mismas".
Riesgo de fuga
El riesgo de fuga, añaden, se mantiene al irse desvelando nuevos indicios, que pueden suponer un incremento de una eventual condena, y tampoco se vería "minimizado" por el embargo decretado en sus bienes "pues a falta del análisis de toda la documentación intervenida, no puede descartarse que existan más, cuya existencia ahora se desconoce y que podrían servirle para mantenerse fuera del país".
En cuanto al hecho de ser conocido en España, la Sala admite que ello podría "dificultar su ocultamiento aquí, pero no en otros países en los que no se da esa circunstancia".
Villarejo estaba siendo investigado hasta ahora únicamente por el juez del caso Tándem, Diego de Egea, si bien la pasada semana el del caso Bárcenas, José de la Mata, pidió a Interior un informe urgente sobre el supuesto trabajo que hizo en 2013 este departamento con el excomisario para recuperar "documentos sensibles" que el extesorero del PP Luis Bárcenas se había llevado del partido en lo que se denominó operación Kitchen.
